- Salud Luz verde a un nuevo grado de dependencia extrema y hasta 10.000 euros por paciente con ELA y enfermedades complejas
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Por fin. Tras más de dos años de bloqueo en el Congreso, concentraciones, demandas, dudas, reproches e incógnitas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez sacó adelante el decreto ley con 500 millones de euros para financiar la atención a las personas con ELA. En principio, que el Gobierno se haya comprometido a poner casi 10.000 euros al mes a disposición de los pacientes de esta u otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible es motivo de celebración. Sin embargo, la "tardanza" de su aprobación ya ha encendido las críticas contundentes del PP, Vox, Junts y Podemos. Y ahora, tras confirmarse que la mitad del coste de las ayudas correrá a cuenta de las autonomías, los gobiernos regionales han levantado la ceja al unísono. El malestar se palpa, sobre todo en territorios como Galicia, que desde hace años decidió reforzar su compromiso con los pacientes de ELA y ya financia con fondos propios su propio sistema de apoyo.
La consejera de Política Social e Igualdad de la Xunta, Fabiola García, no escondió ayer su indignación en el Parlamento gallego y denunció que el Gobierno "ha tardado demasiado" en dar luz verde al decreto. Se preguntó sin rodeos cuánto más deberán esperar estas personas y sus familias para recibir las ayudas que les corresponden y recordó que mientras Sánchez se demoraba 376 días en dar un paso desde la aprobación de la ley, en Galicia los pacientes de ELA llevan tres años cobrando 12.000 euros anuales, ayudas que desde 2026 estarán libres de impuestos.
Desde la propia Consejería apuntan que las ayudas facilitadas por la Xunta pueden ir destinadas a la adaptación de la accesibilidad de las viviendas, la compra de un coche adaptado, la climatización de las habitaciones o cualquier gasto que ayude a facilitar la vida de estas personas, en contraposición a los 10.000 euros mensuales que promete el Gobierno, que "únicamente tienen en consideración los gastos derivados del servicio de la asistencia personal".
Fabiola García criticó también la tardanza del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en reconocer el nuevo grado de dependencia extrema Grado III+, cuando en Galicia llevan tiempo contando con una vía preferente de atención que permite a los afectados por la ELA contar con una valoración automática que les concede el grado máximo de dependencia.
En cuanto a la financiación del nuevo decreto, la Xunta lamenta de nuevo tener que pagar con las consecuencias de un Gobierno que "promete derechos a costa de las Comunidades Autónomas sin aportar la financiación necesaria". También trasladan que aunque esperan que el Ejecutivo central cumpla de una vez por todas con las necesidades de las personas afectadas, no pueden evitar tener ciertas reticencias y ponen como ejemplo el anuncio que hizo el pasado verano la ministra de Sanidad, Mónica García, cuando prometió un plan de choque de 10 millones de euros para atender a pacientes con ELA hasta la implementación de la ley, del cual "nunca más se supo nada".
Este jueves se celebra un consejo interterritorial. Los representantes de cada comunidad podrán plantear sus dudas sobre la aplicación de la nueva norma. Que el programa del Gobierno se financie al 50% entre Estado y autonomías ha encendido las alarmas de varias asociaciones. Temen que las regiones, obligadas a asumir un nuevo gasto, acaben recortando o incluso eliminando las ayudas que ya funcionan en lugares como Galicia.
Sin embargo, y aunque todavía es pronto para dejar entrever las consecuencias que conllevará este nuevo fondo de 500 millones de euros, desde la Consejería de Política Social e Igualdad resaltan que "la Xunta va a estar siempre al lado de las personas con ELA": "El Gobierno gallego no va a dejar tirado a ningún paciente. Por eso sigue trabajando de la mano del tejido asociativo para ofrecerles todo el apoyo necesario".
DEPENDENCIA
Las reservas que enfrenta el Gobierno regional de Alfonso Rueda están estrechamente relacionadas con antecedentes como el de la financiación de la dependencia. Ya el pasado mes de abril, saltó la polémica con el anuncio de que el Ejecutivo Central se comprometía a asumir el 50% de los gastos de los servicios de dependencia del País Vasco, mientras que en Galicia las aportaciones no han parado de reducirse desde el 2023. Fue la propia Consejera de Política Social e Igualdad, Fabiola García quien lo desveló y apuntó que en Galicia "lejos de aumentar, la aportación estatal baja cada año". Mientras que en 2023, el Estado financiaba el 40% de la dependencia en la región, en 2024 la financiación del Gobierno Central se redujo hasta el 34'9%.
Ya entonces anunció que esas cifras dejan una deuda acumulada con los gallegos de más de 2.500 millones de euros y alertó de la alarmante estrategia de Sánchez para "establecer comunidades de primera categoría y comunidades de segunda; dependientes de primera y dependientes de segunda". Por último, García exigió que se cumpla la ley de dependencia y recordó lo que ya debería ser obvio: "El texto legislativo dice claramente que la financiación debe ser a partes iguales".