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Salvador Illa se conjuró ayer con sus consellers para iniciar el curso alejándose de cualquier atisbo de ruido político. «Gestión y moderación». Esa es la máxima que el presidente de la Generalitat quiere aplicar en los próximos meses, en un otoño que vendrá marcado por dos asuntos que pueden dar no pocos quebraderos de cabeza a los socialistas catalanes: los Presupuestos autonómicos y el modelo de financiación singular para Cataluña.
El jefe del Ejecutivo reunió a su Gabinete en Arnes (Tarragona) en una doble jornada de trabajo que finaliza hoy y que servirá para sentar las bases de la acción de gobierno del PSC en el segundo año de la legislatura. Illa y los consejeros se fueron de vacaciones tras un mes de julio en el que, si bien las encuestas siguen otorgándoles una ventaja suficiente sobre Junts, primera fuerza de la oposición, su debilidad parlamentaria quedó más al descubierto que nunca.
El penúltimo Pleno del mes terminó con una doble reprobación al Govern (por el retraso del pago de los aumentos de sueldo a los trabajadores públicos y por las reiteradas incidencias en infraestructuras como Rodalies o la autopista AP-7) y con una sonora derrota. El Govern se vio obligado a retirar la votación de su decreto ley para la resiliencia del sistema eléctrico y el impulso de energías renovables. Un bofetón que ya había experimentado en dos ocasiones anteriores, con la norma sobre la tasa turística o el texto legal para regular la viabilidad de los campings ubicados en zonas con riesgo de inundación.
Las dificultades que Illa tuvo para armar su investidura, atrayendo necesariamente a Esquerra Republicana y Comuns, se han repetido durante todo el primer año de mandato. El proceso de renovación de cargos orgánicos que ERC no culminó hasta el pasado diciembre, con la reelección de Oriol Junqueras como presidente, dio al traste con cualquier tipo de diálogo sobre los Presupuestos. La prórroga de las cuentas públicas obligó a los socialistas a aprobar tres suplementos de crédito para cuya validación tuvieron igualmente que sudar tinta. Por un lado, el PSC tuvo que acelerar sus movimientos para el traspaso del servicio ferroviario de Cercanías o poner en marcha políticas de fomento de la lengua catalana para contar con los votos de Esquerra y, por el otro, hubo de endurecer sus postulados en materia de vivienda como le exigían los comunes.
La única aritmética parlamentaria alternativa en realidad no existe. Junts opta por el camino del desgaste y se cierra en banda a cualquier acercamiento a Illa. Hace una semana, su secretario general, Jordi Turull, ya dejó claro que no se plantean sentarse a negociar los Presupuestos. El líder neoconvergente, Carles Puigdemont, reunirá al grupo parlamentario en Waterloo (Bélgica) a mediados de septiembre para fijar la estrategia de los próximos meses. Los independentistas tratarán de seguir sacando partido de cualquier crisis que afecte al Govern, como las incidencias en Rodalies o algunos traspiés protagonizados por el Departamento de Educación, y buscarán la devaluación de cualquiera de las concesiones que pueda blandir ERC. Por ejemplo, con el cupo. «Ni el traspaso de Rodalies es integral ni la financiación singular es un concierto económico», critican desde JxCat.
Precisamente, esta segunda carpeta es la que puede reportar más obstáculos al camino para que la Generalitat tenga nuevos Presupuestos en 2026. Junqueras ya ha avisado de que, sin nuevos pasos en este terreno, no apoyarán las cuentas. Una advertencia que no solo afecta a Illa, sino también al Gobierno, igualmente necesitado de los votos republicanos en el Congreso de los Diputados. El modelo para que Cataluña obtenga la soberanía fiscal requiere que el presidente Pedro Sánchez mueva ficha y consiga que sus socios parlamentarios validen las modificaciones legales necesarias para llevar a buen puerto el nuevo sistema.
Principio de ordinalidad
Aunque, en julio, el Ejecutivo central asumió oficialmente su apuesta por el concierto económico catalán, dos cuestiones quedaron en barbecho: cómo se calculará la cuota de solidaridad que la región deberá aportar a las arcas estatales (una cantidad adicional al pago que se hará por los servicios que presta el Estado en Cataluña) y de qué modo se garantizará el principio de ordinalidad para no perder puestos en el nivel de renta per cápita tras aplicar los mecanismos de nivelación entre comunidades.
Comuns, cuyos seis diputados también son imprescindibles para que Illa disponga de mayoría absoluta en el Parlament (68 escaños), no quiere aparecer como una mera muleta del PSC y amaga con poner las cosas difíciles al Govern. El partido aliado de Sumar exige a los socialistas catalanes que cumplan sus pactos en materia de vivienda antes de abordar la negociación de los próximos Presupuestos autonómicos.