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El Govern de Salvador Illa reanuda el curso político con la aprobación de un decreto ley que adaptará la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) a "los nuevos requerimientos y necesidades derivados del despliegue de la Hacienda catalana y el nuevo sistema de financiación singular".
Tal y como anunció hace un mes, el Ejecutivo del PSC da un paso que "refuerza y dota de más autonomía" al organismo que deberá recaudar todos los impuestos generados en la comunidad una vez que el modelo pactado con el Gobierno de Pedro Sánchez sea realidad.
En la rueda de prensa posterior al primer Consell Executiu tras las vacaciones, la consejera portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha explicado que este cambio, acordado con Esquerra Republicana, se ha efectuado "con rapidez" porque "el nuevo modelo exige que la ATC tenga todas herramientas jurídicas y organizativas para crecer con garantías". "Era una cuestión que no podía esperar", ha añadido.
Aunque en un principio, tal y como recoge el acuerdo entre el PSC y ERC que permitió la investidura de Illa el pasado agosto, se había marcado el año 2026 como el primero en que la Generalitat tendría en sus manos la recaudación y gestión total del IRPF, finalmente será en 2028 cuando la Administración autonómica estará capacitada para realizar esta función, según comunicó el Govern el 31 de julio. Un aplazamiento en el calendario que, de forma privada, ya admitían como inevitable socialistas y republicanos desde hacía semanas.
El anuncio, al filo del parón veraniego, llegaba pocos días después de la Comisión Bilateral en que el Gobierno y la Generalitat sentaron las bases del modelo de financiación singular para Cataluña, que iniciará ahora un difícil recorrido por el Consejo de Política Fiscal y Financiera y las Cortes Generales, donde ahora no existe la mayoría parlamentaria necesaria para aprobar los cambios legislativos que requiere la soberanía fiscal de la región.
Dos cuerpos de funcionarios
El decreto ley aprobado hoy por el Govern, que deberá ser convalidado en septiembre en el Parlament, permitirá crear dos cuerpos de funcionarios especializados: el Cuerpo de Agentes Tributarios y el Cuerpo Superior de Informática Tributaria.
Además, otorgará a la Agencia catalana "plena autonomía" en materia de personal y para la negociación colectiva, así como potestad en el diseño de su estructura organizativa.
Asimismo, se elaborará un "contrato programa" que establecerá las líneas estratégicas, objetivos, indicadores de seguimiento, recursos financieros asignados y actividades a desarrollar por parte de la ATC.

