El casi atropello a un guardia civil durante la celebración de la Rave en Hellín
La provincia de Albacete se ha convertido en el epicentro de la polémica este inicio de año debido a la celebración de una fiesta multitudinaria y no autorizada en el entorno del embalse del Cenajo, en la localidad de Férez. Este evento, que carece de cualquier tipo de permiso municipal o sanitario, ha puesto de relieve el complejo encaje legal de estas convocatorias y la tensión que generan entre los asistentes y las Fuerzas de Seguridad. La Justicia española ha tenido que lidiar frecuentemente con este fenómeno, llegando a establecer una definición técnica. Según una sentencia de un juzgado de Getafe, «una fiesta rave es una fiesta semiespontánea sin autorización legal en un lugar no habilitado como discoteca, donde se escucha y baila música electrónica toda la noche, y suele ir asociado a un consumo de diferentes drogas». Sin embargo, la realidad de estas citas en entornos rurales suele prolongarse durante varios días y noches, vulnerando sistemáticamente normativas como la Ley de Espectáculos Públicos de Castilla-La Mancha. Mientras que los canales oficiales de la Guardia Civil han informado de jornadas sin incidentes reseñables, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado un escenario mucho más hostil. A través de redes sociales, la asociación ha compartido imágenes de la denominada "Rave de Hellín", donde se observa a conductores ignorando las órdenes de alto e incluso intentando atropellar a los agentes. Desde la AUGC se califica la intervención como una "situación límite".
El malestar entre los agentes es evidente ante la falta de medios para disolver estas concentraciones. La asociación sostiene que «Se está exigiendo a los agentes que se enfrenten a situaciones de violencia, con lanzamiento de piedras, palos y acometimientos que ya han dejado vehículos oficiales destrozados y compañeros heridos». Ante este riesgo, la estrategia habitual de las autoridades no es la disolución forzosa, sino el control de los accesos para dificultar su expansión y evitar males mayores. La organización de estos eventos sin licencia conlleva riesgos económicos y penales altísimos. En precedentes similares, se han impuesto multas de 30.001 euros a organizadores por infracciones muy graves, e incluso de 45.000 euros a responsables de logística, como los encargados de los grupos electrógenos. Además, la legislación permite aplicar «medidas provisionales inmediatas» en casos de «urgencia absoluta ante espectáculos públicos y actividades recreativas que conlleven un riesgo inmediato de afectar gravemente a la seguridad de las personas y los bienes o la convivencia entre los ciudadanos». A los posibles delitos de atentado a la autoridad —castigados con hasta cuatro años de prisión— se suman sanciones por tenencia de drogas (desde 600 euros), delitos medioambientales por acampada en zonas protegidas y ocupación de terrenos privados.