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La aparición de los sistemas de inteligencia artifical generativa (IAG) sigue agitando el mundo cultural. Los derechos de autor y la regulación de este tipo de herramientas se han convertido en uno de los grandes debates de presente y de futuro a los que se enfrenta el sector, sobre todo en su parte editorial. ¿Es legítimo el uso que esos sistemas hacen de las obras literarias como entrenamiento para la IA? Para una buena parte de los escritores, no.
Este miércoles, a través de la Conferencia de Asociaciones de Escritoras y Escritores, más de 200 profesionales del sector han hecho público un manifiesto en el que se posicionan contra el "expolio" al que entienden que se está sometiendo su trabajo. Entre los firmantes de ese manifiesto se encuentran David Uclés, Javier Cercas, Julia Navarro, Cristina Peri Rossi, Enrique Vila Matas, David Trueba, Dolores Redondo, Loquillo, Luis Mateo Díez o los herededores de Miguel Delibes y Ana María Matute.
Según esos autores, la aparición de los servicios digitales ha "impulsado un auténtico expolio" de obras literarias "por la vía de los hechos consumados" al mismo tiempo que se está "dandole cobijo legal" y utilizando los derechos de autor como "moneda de cambio frente a otros intereses económicos". Eso, sigue el manifiesta "ha intensificado el empobrecimiento del trabajo de escritores/as, traductores/as y el deterioro del patrimonio cognitivo y cultural común". "Los desarrolladores de IAG han realizado y realizan su trabajo bajo el principio de 'todo vale', lo que no es sostenible. Construir un software utilizando nuestras obras como materia prima y, después, imponernos un modelo de negocio para disfrutar de esa nueva infraestructura, es injusto y abusivo", incide el escrito.
Ese manifiesto, que se ha presentado hoy en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, se difundió entre escritores y traductores españoles el pasado mes de abril con la intención de que estos pudieran presionar tanto a las administraciones públicas como a las plataformas digitales para que cumplieran con la Ley de Propiedad Intelectual, es decir, con "los principios de autorización, remuneración y transparencia".
"Ante la falta de respeto al trabajo de los escritores/as y traductores/as solicitamos que se protejan con una decidida, transparente y transversal acción pública los bienes esenciales para la vertebración de la sociedad entre los que se encuentran nuestras obras y los valores sociales implícitos en las mismas", aseguran los firmantes del manifiesto. Esos profesionales de la literatura también señalan como "único camino" la obligación "de solicitar autorización, remunerar y dar información suficiente y detallada a los creadores" para utilizar sus trabajos. Y, como último punto, afirman que no se debe aceptar "la promoción de un nuevo contrato social que 'blanquee' el uso no autorizado" de sus obras. "Es indispensable que las Administraciones Públicas no implementen ni utilicen software de IAG que no haya sido desarrollado con un respeto pleno, no solo a nuestros derechos como autores, sino a los derechos de privacidad de todos los ciudadanos y con respeto al medio ambiente", concluyen.
De hecho, en las últimas semanas, el sector cultural se ha vuelto a mostrar dividido por la última propuesta sobre la regulación de los sistemas de IA generativa que había planteado el Gobierno como parte de la reforma del decreto 1435/1985 que regulaba las actividades profesionales en el sector cultural. El nuevo decreto incluía una regulación de la inteligencia artificial. Concretamente, el texto señala que el uso de la IA generativa debe incluirse dentro del contrato de trabajo artístico que se firme y que esta herramienta únicamente se puede usar en el estricto ámbito de la obra para la que fue establecido ese contrato. Es decir, que la IA en ningún caso pueda sustituir o eliminar a los artistas. Por ejemplo, en el caso de una serie, no se podrá desarrollar un guion para una primera temporada y que las siguientes, a partir de ese guion original, sea desarrollado por una IA generativa.
Ese punto, recogido en el artículo 13 del nuevo decreto, no convencía especialmente a los sectores editoriales. Y, en esa línea, se expresa este manifiesto que ha presentado Manuel Rico, portavoz de la Conferencia de Asociaciones y también presidente de la Asociación Colegial de Escritoras y Escritores de España (ACE).