Solo en el último año, las lluvias que han caído en la provincia de Huelva -extraordinarias, es verdad, por su cantidad y su intensidad- habrían llenado la presa de Alcolea no una, sino tres veces. Eso se traduciría en 690 hectómetros cúbicos de agua para uso preferentemente agrícola. Agua en abundancia para cultivos como los frutos rojos y un salvavidas para los sobreexplotados acuíferos de Doñana.
Porque el embalse de Alcolea fue diseñado pensando, precisamente, en cubrir las necesidades hídricas de los campos del Andévalo, el Condado y el entorno de Doñana. Además, el pantano debía servir para reducir las inundaciones en Huelva, en especial en localidades como Gibraleón, tradicionalmente afectada por las crecidas del río Odiel.
Pero ni hay escudo anti riadas ni 690 hectómetros cúbicos de agua para regadío porque la presa de Alcolea, cuya construcción se inició en el año 2007, no es hoy más que un montón de hormigón informe que, incluso, agrava el riesgo de avenidas.
Porque las obras nunca pasaron de una primera fase muy inicial y quedaron paradas, tras muchos vaivenes, en 2017 cuando el proyecto se encontraba al 23% de su ejecución. Es decir, cuando quedaban dos terceras partes de la infraestructura por levantar.
Tras varios incumplimientos de plazos por parte de la empresa contratista, Sacyr, el contrato fue rescindido y, casi al mismo tiempo, surgieron las dudas sobre la viabilidad del proyecto y, más en concreto, sobre la calidad del agua.
Aunque la presa tiene una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) vigente, a partir de 2020 se empezó a cuestionar que el agua pudiese ser utilizada por su elevada concentración de metales, puesto que el Odiel discurre, a lo largo de su cauce, por antiguas escombreras de minas abandonadas.
El Ministerio de Transición Ecológica esgrimió varios informes sobre la acidez de las aguas para meter en un cajón, indefinidamente, la terminación del pantano de Gibraleón, aunque ya en 2011 hubo expertos que avisaron de los problemas que presentaba por la presencia de metales disueltos. Incluso en 2007, el mismo año en el que se iniciaron las obras, desde la Universidad de Huelva se advirtió de un porcentaje de hierro, cobre, arsénico y plomo excesivo en esas aguas si no se depuraban convenientemente.
Y la depuración, sostienen los detractores del proyecto, supondría un coste tan elevado que prácticamente haría inviable el regar con ese agua los campos de cultivo onubenses.
Con administraciones de distinto signo político enfrentadas -el Gobierno central, en manos del PSOE, y la Junta de Andalucía, del PP- la presa de Alcolea se ha terminado convirtiendo en un elemento de confrontación y desde el ejecutivo andaluz no dudan en denunciar que la paralización de la obra es, a estas alturas, una cuestión puramente ideológica.
Tanto que el Gobierno andaluz viene reclamando la cesión total de la infraestructura para poder terminarla, puesto que el acuerdo inicial suscrito entre las dos administraciones contemplaba que el ejecutivo central asumiera la construcción, con un presupuesto de 89 millones de euros -que ahora se elevaría notablemente-, y que la Junta de Andalucía le pagara después la mitad del dinero, que obtendría de las concesiones a los agricultores.
Hace ahora un año, la Junta andaluza se ofreció a asumir la obra al completo si el Gobierno no estaba dispuesto, siempre que se comprometiese a aportar el 50% de la financiación acordado.
Meses más tarde, en mayo del año pasado, la negociación derivó en la redacción de un protocolo que permitiría a la Junta terminar el embalse con la compensación económica del Estado. Sin embargo, el documento no tiene ni siquiera fecha de firma.
El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, llegó a firmar, de forma unilateral, el protocolo y lo envió al Ministerio de Transición Ecológica, pero la «excusa» ahora, señalan desde el Gobierno andaluz, es que el proyecto está desactualizado, algo, insisten desde la Junta, que ya se sabía y que el protocolo venía a solucionar.
Más aún, en el ejecutivo de Moreno creen que el Gobierno de Sánchez «no puede, a escasos meses de las elecciones, dar luz verde a que sea otra administración la que dé una solución a la presa y a la provincia de Huelva», poniendo en evidencia, añaden, la «dejadez» del ejecutivo estatal.
A los informes que esgrimía el Ministerio de Transición Ecológica, la Junta ha contestado con otros informes que avalaban el uso del agua, aunque alguno llegó con polémica y sus autores tuvieron hasta que rectificar sus conclusiones iniciales.
En medio de la disputa, los agricultores onubenses, aquellos a cuyos campos iba a llegar al agua embalsada en Alcolea, claman contra el ejecutivo central y exigen, día sí y día también, que se ponga fin al culebrón de la presa fantasma de Gibraleón para que, incluso en tiempos de sequía, sus cultivos tengan garantizada el agua y ésta no sea la espada de Damocles que ha venido siendo en los últimos años de escasez hídrica.
CRÓNICA...DE LAS GRANDES CHAPUZAS
(1) La A-14 de la Ribagorza: la autovía que no lleva a ningún sitio
*La serie 'Crónica...de las grandes chapuzas' se publica cada domingo en el suplemento CRÓNICA de la edición impresa de EL MUNDO.

