AP-9: La autopista gallega que ya cuesta 28 euros recorrer de punta a punta y que el Gobierno se niega a rescatar

Pocas escenas resultan tan familiares para el bolsillo gallego como la barrera de un peaje alzándose. Clac. Ese es el golpe seco que acompaña cada mañana a los más de 26.000 vehículos que atraviesan la AP-9. Una autopista que nació para coser Galicia de norte a sur, pero que con el paso de las décadas ha terminado por convertirse también en su factura más abultada. En 2026, recorrerla entera cuesta ya la friolera de 28,10 euros. ¡Clac!

A principios de los setenta, moverse por carretera entre las principales ciudades de la región era una prueba de paciencia. Ir de La Coruña a Santiago exigía casi dos horas de asfalto irregular y el viaje Pontevedra-Vigo resultaba de todo menos amable. La Autopista del Atlántico permitió cambiar ese mapa para siempre, reduciendo esos tiempos a la mitad y vertebrando el territorio.

Físicamente, la obra fue una epifanía. Funcionó, conectó y cumplió su promesa técnica. Sin embargo, la gran trampa de la AP-9 no descansa sobre sus 219,6 kilómetros de trazado, sino que se esconde en su concesión. El contrato original quedó sellado en 1973, cuando el régimen franquista adjudicó la explotación con una fecha de caducidad clara para 2012. Ese debía ser el punto final del peaje. Pero el compromiso terminó por diluirse en Madrid y acabó convertido en una lucrativa carrera de relevos donde los sucesivos gobiernos de la UCD, el PSOE y el PP fueron heredando el contrato para prorrogarlo.

La veda la abrió el Ejecutivo de Adolfo Suárez en 1977, al añadir un año de prórroga técnica en plena Transición. Después, en 1994, el gabinete de Felipe González volvió a mover la meta otros diez años, justo cuando la vía —saneada previamente con dinero público— empezaba a ser rentable. Esta inercia permitió que el Gobierno de José María Aznar diera el golpe de gracia en el año 2000, impulsando su privatización y regalando a la concesionaria Audasa una prórroga de un cuarto de siglo adicional que blindó las cabinas hasta 2048, el máximo legal permitido.

Una sucesión de maniobras que han terminado por convertir la AP-9 en una broma pesada, obligando a los gallegos a pagar durante muchos más años de lo previsto y a un precio cada vez más elevado, hasta alcanzar los 'tarifazos' de este 2026.

La llave para revertir la situación podría encontrarse ahora en la justicia europea. Tras seis años de una batalla de desgaste impulsada por la asociación de usuarios En-Colectivo, la Comisión Europea declaró el pasado verano la ilegalidad de la prórroga hasta 2048, al concluir que el blindaje firmado por el Gobierno de Aznar vulneró las normas de libre competencia.

Bruselas fue clara al señalar que aquel regalo de 25 años adicionales constituyó una "modificación sustancial" del contrato, equiparable a una nueva concesión que debió haberse sometido a licitación pública. Además, emplazó a España "a adoptar las medidas necesarias", advirtiendo de que, de no hacerlo, el caso podría acabar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Ese terremoto jurídico es la munición que ahora también utiliza el sector profesional para pasar a la ofensiva. "El problema no es solo el coste del peaje, sino el agravio comparativo", explica José Carlos García Cumplido, secretario general de la Federación Gallega de Transportes de Mercancías (Fegatramer), la organización más representativa del sector en la comunidad.

Para el portavoz, la situación actual supone una "clara discriminación" del transporte gallego frente a otras comunidades autónomas donde las autopistas ya han sido liberadas desde hace años.

En septiembre, la federación presentó una reclamación formal ante el Consejo de Ministros, solicitando la nulidad de la concesión y de sus prórrogas. El movimiento busca elevar la presión política y jurídica. Si el Gobierno no responde en el plazo legal de seis meses, la organización acudirá al Tribunal Supremo para impugnar los contratos. "Es una situación insostenible", insiste García Cumplido.

Mientras la vía judicial avanza, la política permanece atrapada en una cifra. La Xunta, que lleva 16 años reclamando la transferencia de la autopista y la eliminación de los peajes, estima que rescatar la AP-9 tendría hoy un coste de 2.356 millones de euros. Una salida a la que el Gobierno central sigue dando la espalda y que mantiene a la comunidad atada a una infraestructura clave, lastrando su competitividad y su capacidad de desarrollo.

Bajo el pulso entre Madrid y Bruselas por decidir quién tiene la razón legal, persiste la realidad diaria de los gallegos, atrapados en un error de hace medio siglo. El conductor llega a la cabina, desliza la tarjeta y espera el sonido de siempre. Es el eco que confirma que, un día más, la AP-9 sigue siendo la frontera más cara de su propia casa.

¡Clac!