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Tras el pacto rubricado en julio para dotar a Cataluña de un modelo de financiación singular, PSOE y PSC inician las negociaciones del nuevo curso político con ERC abriendo otro melón de difícil digestión: la cogobernanza del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.
La necesidad de contar con los votos republicanos para aprobar los Presupuestos de sus Gobiernos obliga a los presidentes Pedro Sánchez y Salvador Illa a abordar otra de las viejas aspiraciones del nacionalismo catalán, que pasó a un segundo plano durante el procés, pero que el acuerdo de investidura con Esquerra que llevó a los socialistas al Palau de la Generalitat hace un año situó nuevamente sobre la mesa.
Tras la primera comisión ejecutiva del partido después del parón estival, la viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, admitió este lunes que ya han empezado a abordar con la formación independentista las posibles fórmulas para que el Ejecutivo autonómico tenga voz y voto en la gestión del sistema aeroportuario catalán.
La número dos de los socialistas y presidenta de la Diputación de Barcelona reconoció que cualquier acuerdo entre ambos partidos quedará supeditado al posterior aval del Ministerio de Transportes y de Aena (empresa estatal en un 51% a través de Enaire y privada en el otro 49%), pero recordó que este es uno de los puntos pactados entre ambas fuerzas hace un año. Precisamente, que Aena sea una sociedad cotizada en Bolsa desde 2015 dificulta cualquier movimiento de esta índole.
Ensombrecido por los movimientos para el avanzar en el traspaso de Rodalies y el concierto económico, no fue hasta el pasado junio cuando El Prat empezó a tomar fuerza como elemento clave para la legislatura catalana. Hace dos meses, Illa presentó con solemnidad el acuerdo con el Gobierno y Aena para ampliar el aeropuerto barcelonés con una inversión de 3.200 millones de euros. El proyecto, que incluye una prolongación de 500 metros de la tercera pista (la más próxima al mar), la remodelación de las terminales 1 y 2 y la construcción de una nueva terminal satélite, es rechazado, sin embargo, por los dos socios parlamentarios del PSC: Esquerra y Comuns. Los republicanos, junto a Junts per Catalunya, aprovecharon ese anuncio para exigir que la gestión de la infraestructura pase a manos catalanas.
Pese a que, inicialmente, Illa pasó por alto cualquier mención a la gobernanza en sus planes de ampliación, sujetos a que la Comisión Europea avale las compensaciones medioambientales por la afectación sobre espacios naturales protegidos, el Govern recogió el guante y asumió su compromiso de estudiar las vías para que la Generalitat pueda participar en la gobernanza de El Prat.
El PSC está dispuesto a ofrecer «un modelo aeroportuario en el que la Generalitat sea un actor determinante en la toma de decisiones estratégicas relativas al aeropuerto de Barcelona». Los socialistas y Esquerra estudian las posibles modificaciones legales para crear un Consejo Rector Aeroportuario de Cataluña que sustituya al actual Comité de Coordinación Aeroportuaria, el órgano colegiado de carácter consultivo que permite la participación de las comunidades y ciudades autónomas, corporaciones locales y principales organizaciones económicas y sociales en los aeropuertos gestionados y explotados por Aena.
Este nuevo ente es el que posibilitaría que el Govern acordase con el Estado «un papel determinante en la definición, articulación y gestión del nuevo sistema aeroportuario catalán», con «las funciones, composición y medios» necesarios. En paralelo se crearía una Autoridad Aeroportuaria de Cataluña encargada de centralizar las competencias propias de la Generalitat que tengan relación con la política aeroportuaria, como transporte, trabajo, medioambiente, consumo o urbanismo.
Aeropuertos vascos
El camino emprendido por el PSC, empujado por la necesidad de ofrecer nuevos logros a ERC, cuenta esta vez con un terreno allanado desde el País Vasco. El PNV, otro de los peones necesarios para la estabilidad del Gobierno del PSOE y Sumar, reclama que los tres aeropuertos de la comunidad (Bilbao, San Sebastián y Vitoria) sean gestionados por una nueva sociedad, filial de Aena, en la que participe directamente la Administración autonómica.
Este fue uno de los puntos tratados en la reunión celebrada en La Moncloa, a mediados de julio, entre Sánchez y el lehendakari Imanol Pradales. Los nacionalistas vascos se agarran al artículo 12 del Estatuto de Gernika de 1979, que atribuye a la comunidad autónoma «la ejecución de la legislación estatal en puertos y aeropuertos con calificación de interés general cuando el Estado no se reserve su gestión directa». Un transferencia que los jeltzales aseguran que sería posible si existe «voluntad política».
En su encuentro, los dos presidentes acordaron crear una subcomisión bilateral, cuyos primeros resultados se prevén para noviembre, que estudiará «la articulación de la participación del Gobierno vasco en aspectos estratégicos de los aeropuertos de interés general y en su gestión».
Cabe recordar que los aeropuertos de interés general (como es el caso de las tres infraestructuras vascas), el tránsito, el transporte y el control del espacio aéreo están recogidos en el artículo 149 de la Constitución como «materias sobre las que el Estado tiene competencia exclusiva».
En el caso catalán, además de Barcelona-El Prat, los aeropuertos considerados de interés general y, por consiguiente, operados por Aena son Girona-Costa Brava, Reus y Sabadell. Por su parte, el ente autonómico Aeroports de Catalunya, propiedad de la Generalitat, es titular y gestiona íntegramente los aeródromos secundarios de Lleida-Alguaire y Andorra-La Seu. Ambos apenas sumaron 55.000 pasajeros en 2024, cifra que contrasta con la de El Prat, que superó el año pasado los 55 millones de pasajeros por primera vez en su historia, un 10% más que el año anterior, y batió de esta forma el récord alcanzado en 2019 (52,7 millones), que se vio frenado en seco por los efectos de la pandemia de covid.
Esta cifra puede verse nuevamente sobrepasada en este ejercicio, ya que el primer semestre de 2025 se cerró con 27 millones de pasajeros, el mejor arranque de año hasta la fecha y que representó un salto del 4,2% en comparación al tráfico contabilizado entre enero y junio de 2024.

