La red ferroviaria atraviesa una crisis sin precedentes que desborda al Gobierno y que agrava el maltrato a los usuarios, que ahora mismo carecen de una verdadera alta velocidad, de una garantía de puntualidad y de indemnizaciones por los daños causados. El colapso por la falta de mantenimiento tanto en la alta velocidad como en la red de Cercanías es tan grave que no puede achacarse al lógico impacto por los recientes accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), sino a una deficiente gestión sostenida en el tiempo y que el Ejecutivo no está sabiendo atajar. Óscar Puente admitió ayer en el Congreso el descontrol ferroviario y, aunque achacó al mal tiempo la tardanza en las soluciones, evitó la obscena falta de autocrítica que sí exhibió en el Senado. En cualquier caso, no basta. El daño a la ciudadanía es de tal magnitud que resulta inconcebible que el ministro siga sin asumir su responsabilidad.
Lejos de amainar, la percepción de caos se extiende cada día más entre los pasajeros. Al colapso permanente de Rodalies en Cataluña se suman el corte en el corredor de alta velocidad de Andalucía en el tramo de Adamuz y la eliminación del número de circulaciones en la línea Madrid-Barcelona -ordenada por el gestor público Adif después de las incidencias que denuncian los maquinistas-, lo que acarrea un grave impacto pues es el eje de mayor uso, con 40.000 usuarios diarios.
El colmo de este desorden, que no es fruto de una catástrofe sobrevenida sino de un desgaste estructural, es desdeñar a los usuarios. Los pasajeros que sufren los retrasos, las averías o la suspensión de servicios no están siendo informados debidamente de estas incidencias. Tampoco se ha habilitado un plan de rescate que permita garantizar sus necesidades de movilidad. No estamos ante una causa de fuerza mayor, sino ante una clara falta de previsión por parte de Adif, lo que debería llevar al administrador de infraestructuras a indemnizar a los operadores para que estos, a su vez, puedan compensar a los pasajeros. Con su inacción, Transportes, abandona a los viajeros e impide preservar sus derechos, al amparo del reglamento comunitario.
Tras escudarse otra vez en los «bulos» en torno a la investigación del siniestro de Adamuz, Puente no puso fecha a la vuelta a la normalidad ni en la alta velocidad ni en los Cercanías. El titular de Transportes puede culpar al PP de la merma del gasto en el mantenimiento, pero la masiva protesta que ayer secundaron los sindicatos de Renfe y Adif le interpela a él, sobre todo, por el creciente malestar ante la falta de respuesta en materia de plantilla y seguridad. Y ello en vísperas de la huelga convocada por los maquinistas de Renfe para los días 9, 10 y 11 de febrero.
Restaurar la fiabilidad del sistema ferroviario parece una tarea inviable para un ministro que ha perdido la confianza de los ciudadanos por su inoperancia, descrédito y opacidad.