Los socios del PSOE no se moverán mientras no se demuestre que ha habido financiación ilegal; da igual cuándo lea usted esto. El argumentario con el que los aliados parlamentarios de Sánchez intentan capear las investigaciones por corrupción que salpican al Gobierno se escribió hace tiempo, y no parece que se vayan a desviar de él.
Se ha señalado lo sospechoso que resulta haber elegido esa línea roja: una sentencia sobre la financiación del PSOE no se produciría antes de las próximas elecciones. Pero incluso si esto no fuera así, cabría dudar de lo que dicen los socios. Y, sobre todo, de que efectivamente fueran contundentes si se probara que los socialistas se financiaron de forma irregular. Porque no es cierto que ERC, Junts, Bildu o Podemos-Sumar votasen como lo hicieron en 2018 por la sentencia de la Gürtel. Aquello ofreció la oportunidad para que Sánchez presentara su moción, y también para que el PNV cambiase de lado -siempre a cambio de algo-; pero los demás habrían apoyado una moción contra el PP en cualquier caso. Como si el problema de los separatistas con Rajoy hubiese sido la Gürtel, y no el hecho de que habían intentado declarar la independencia y el Gobierno había respondido con el 155. Los socios, sencillamente, preferían un Gobierno del PSOE a uno del PP. Y lo siguen haciendo.
Tampoco queda claro por qué unos partidos que llevan tiempo instalados en el discurso del lawfare iban a aceptar una sentencia que condenara a su gran aliado por financiación ilegal. Lo coherente sería lo contrario: si los socios del PSOE creen que el sistema judicial español sigue lleno de franquistas emboscados, si consideran que el Supremo está al servicio del PP, y si piensan que el juicio a García Ortiz demuestra un «golpismo judicial», ¿por qué no iban a proyectar las mismas sospechas sobre un juicio acerca de las cuentas del PSOE? Es cierto que, hasta ahora, han otorgado más credibilidad a las investigaciones sobre Ábalos y Cerdán que a las del fiscal general o el entorno del presidente. El problema es creer que esto responde a un criterio sincero, y no a un cálculo político que se puede cambiar según las necesidades del momento. Tienen experiencia: aún dicen que investigar la malversación del procés fue una manera de perseguir a los separatistas por sus ideas.