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El conflicto diplomático desencadenado por la negación del visado para entrar en Estados Unidos al ex comisario de Mercado Interior de la Unión Europea, Thierry Breton, y a otros cuatro ciudadanos europeos amenaza con abrir un nuevo frente de disputa entre Washington y Bruselas, en el momento más crítico de la negociación del plan de paz para Ucrania. Los cinco europeos han sido acusados de ser "ideólogos" contra las plataformas norteamericanas por su papel como impulsores de la Ley de Servicios Digitales (DSA), que combate la desinformación y los discursos de odio en internet.
Un portavoz de la Comisión Europea advirtió ayer de que la UE "responderá si es necesario de una manera firme y decisiva para defender nuestra autonomía regulatoria contra medidas injustificadas". "La libertad de expresión está en los cimientos de las vibrantes democracias europeas", declaró por su parte la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. "Estamos orgullosos de ello y lo defenderemos".
El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó así la negación de los visados a los europeos: "La Administración Trump no tolerará estos actos flagrantes de censura extraterritorial". La subsecretaria norteamericana para la Diplomacia Pública, Sarah Rogers, apuntó directamente al francés Thierry Breton como "el cerebro" de la Ley de Servicios Digitales y recordó sus enfrentamientos verbales con Elon Musk.
Los gobiernos de Francia, Reino Unido, Alemania y España replicaron fuertemente a las acciones norteamericanas, calificadas por el presidente Macron como "medidas de intimidación y coerción destinadas a subvertir la soberanía digital europea". Macron habló personalmente con Thierry Breton tras conocer la noticia y prometió "defender la independencia y la soberanía europea".
La eurodiputada centrista francesa Nathalie Loiseau reclamó entre tanto a Bruselas que responda con su propia lista de altos funcionarios norteamericanos a los que será negada la entrada en la UE, empezando por el secretario de Sanidad norteamericano, Robert J. Kennedy Jr., "por propagar falsos rumores perjudiciales contra la salud".
El también eurodiputado de izquierdas y candidato presidencial Raphael Glucksmann replicó recordando a Trump que mientras él "se arrodilla ante Putin y se acomoda junto a los tiranos", Europa emerge como adalid del "mundo libre": "No somos una colonia de Estados Unidos. Somos europeos y debemos defender nuestras leyes, nuestros principios y nuestros intereses".
El propio Breton salió en defensa propia y se preguntó si lo que pretende la Administración Trump "es volver a instaurar las cazas de brujas de McCarthy". El ex político y empresario francés recordó cómo la Ley de Servicios Digitales "fue aprobada por el 90% del Parlamento europeo, un organismo elegido democráticamente, y respaldada por unanimidad por los 27". "A nuestros amigos americanos les diría: la censura no es lo que ustedes creen que es", terció Breton.
Los otros cuatro afectados por la negación del visado son Imran Ahmed, del Centro para la Lucha contra el Odio Digital; Clare Melford, del Índice Global de Desinformación; Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon, ambas de HateAid. Todos ellos han sido calificados como "activistas radicales" y apercibidos de amenaza de deportación si ponen el pie en Estados Unidos.
Las autoridades francesas recordaron cómo el conflicto de los visados se remonta en realidad al mes de agosto, cuando Washington negó la entrada en el país al juez francés Nicola Yann Guillou, por su papel en la apertura de una investigación por posibles crímenes de guerra contra líderes israelíes en la Corte Penal Internacional. El club de juristas franceses cerró filas en su defensa en lo que consideró como "la guerra americana contra el juez Guillou".
La Ley de Servicios Digitales se ha convertido en el nuevo casus belli entre Washington y Bruselas, horas después de la larga conversación entre Emmanuel Macron y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para relanzar el papel de Europa en el acuerdo de paz para Ucrania. El propio Macron anunció recientemente su intención de "restablecer el diálogo" con Vladimir Putin, que podría concretarse en los próximos días.
El conflicto de los visados estuvo precedido esta misma semana por otro enfrentamiento directo de la Administración Trump con un país de la UE, Dinarmarca, por su decisión de nombrar al gobernador republicano de Lousiana, Jeff Landry, como "nuevo enviado especial para Groenlandia".
Trump reiteró sus ambiciones territoriales sobre la región semiautónoma de Dinamarca por considerarla de un valor estratégico para la "protección nacional" de EEUU. El gobernador Landry aseguró que considera un honor poder desempeñar "ese puesto voluntario para que Groenlandia forme parte de Estados Unidos". Dinamarca calificó el nombramiento como "profundamente preocupante" y convocó al embajador norteamericano en Copenhague.
Por su parte, el activista británico Imran Ahmed, director del Centro para Contrarrestar el Odio Digital (CCDH) y próximo al Gobierno de Keir Starmer, decidió presentar una denuncia en un tribunal de Nueva York contra representantes de la Administración Trump por la supuesta "inconstitucionalidad" de cualquier intento de arresto y deportación.
Ahmed, uno de los cinco europeos afectados por el conflicto de los visados, vive actualmente en Washington con su esposa y su hijo y está amenazado de deportación. El activista entró en conflicto el año pasado con Elon Musk por una investigación sobre el aumento de los contenidos racistas, exremistas y antisemitas en X. Musk calificó su organización como "grupo criminal".