Galicia tendrá por primera vez una ley específica de infancia y adolescencia. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha anunciado este lunes el inicio de la tramitación del anteproyecto que, en sus palabras, pretende "reforzar la atención y protección de los menores y poner la infancia y la adolescencia en el centro de las políticas autonómicas".
La norma, que el Gobierno gallego prevé aprobar en el segundo semestre del año, reunirá en un único texto lo que hasta ahora estaba disperso en distintas leyes sectoriales, como la de apoyo a la familia de 2011 o la de impulso demográfico de 2021. Además, fijará un marco propio de derechos, medidas de protección y régimen sancionador para un colectivo que ya supera los 365.000 menores en la comunidad.
El eje de la reforma es claro. Prioridad al entorno familiar frente a la institucionalización cuando un menor no pueda permanecer con su familia de origen. "Queremos seguir reforzando el acogimiento familiar como método preferible a que los niños y niñas tengan que vivir en un centro dependiente de la Xunta, si no hay otra solución", ha subrayado Rueda tras la reunión del Gobierno autonómico.
Ese planteamiento se traduce en la principal novedad jurídica del anteproyecto. Hasta ahora, acogimiento y adopción eran vías separadas. La futura ley regulará por primera vez la doble valoración de las familias acogedoras, de modo que un menor que ya vive en acogimiento pueda permanecer en ese mismo hogar si se decide su adopción.
La conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, ha precisado las condiciones. "Se le va a dar prioridad a que el niño permanezca con la familia acogedora siempre que se reúnan dos condiciones: el deseo de adoptar de la familia acogedora y que el personal técnico de menores lo considere conveniente". El objetivo es evitar rupturas cuando el menor ya ha consolidado vínculos estables y garantizar continuidad siempre bajo el criterio del interés superior del niño.
El texto creará además un registro gallego de familias acogedoras y adoptivas para mejorar la gestión de los expedientes y regulará con mayor precisión las distintas medidas de protección, desde tutelas hasta guardas. También ordenará la coordinación entre administraciones. La Xunta actúa en los casos de riesgo grave o desamparo y los ayuntamientos en los de riesgo leve a través de los servicios sociales municipales.
Más allá del ajuste técnico, el Ejecutivo ha defendido que la norma introduce un giro conceptual. "Esta ley va a cambiar ese enfoque, ya que está diseñada en la idea de garantizar los derechos de todos los niños, de todas las niñas y adolescentes desde que nacen", ha explicado García, en línea con la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.
Tras su aprobación inicial en el Consello de la Xunta, el texto se someterá a consulta pública durante 15 días y se abrirá un proceso de trabajo con entidades sociales, organizaciones del ámbito de la infancia y el sector educativo para incorporar sus aportaciones antes de iniciar la tramitación parlamentaria. Si se cumplen los plazos, Galicia contará este mismo año con un marco integral propio para la protección de la infancia y la adolescencia.