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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado en Dubai en el World Governments Summit, un foro internacional de carácter global que reúne a líderes políticos y expertos para abordar los desafíos de la innovación y la tecnología. En su participación ante el plenario, el jefe del Ejecutivo español ha anunciado un paquete de cinco medidas legislativas y regulatorias para hacer frente a lo que ha definido como "abusos de las grandes plataformas digitales" y garantizar un entorno digital seguro. Entre esas medidas está la tipificación como delito de la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal.
Sánchez ha centrado su discurso en lo que califica como gobernanza digital y su análisis y diagnóstico es que, tal y como ha desgranado en Dubai, existe un "desgobierno" en el control de contenidos y la impunidad ante su incumpliendo con la legalidad, la expansión de la desinformación y los discursos de odio y la desprotección de datos y material personales como "graves peligros" que desafían la protección de derechos y libertades y distorsionan, particularmente a los menores, ha desgranado.
Ante esta visión, el presidente del Gobierno ha anunciado un paquete de cinco medidas que quiere llevar a cabo. Plantea prohibir en España el acceso a redes sociales a menores de 16 años obligando a las plataformas digitales a implementar sistemas efectivos de verificación de edad. Nuestro país sigue la estela de países como Francia y Australia, que ya legislan en este materia: en el país europeo prohíbe el uso de las redes sociales a menores de 15 años, el autraliano fija la edad en 16.
En junio de 2024, el Consejo de Ministros ya aprobó el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de los Menores en los Entornos Digitales en el que se contemplaba elevar de 14 a 16 años la edad mínima para que un menor se pueda abrir una cuenta en redes sociales sin el consentimiento de sus padres. Lo que plantean desde el Ejecutivo ahora es, toda vez que esta ley está ya en el Congreso, lo que cabe es introducir una enmienda a esta norma que refleje de manera expresa esa prohibición. Lo que se va a impulsar es que las plataformas y redes sociales implanten sistemas de verificación seguros para garantizar el cumplimiento de esa ley nacional.
Además, a través de una reforma de la ley, Sánchez quiere poner fin a la impunidad de los directivos para que sean legalmente responsables de las infracciones que se cometan en sus plataformas si no se retira el contenido que atente contra la legalidad o sea considerado de odio. Esta medida se incluirá en un Proyecto de Ley Orgánica que será remitido al Parlamento. La reforma introducirá un régimen de responsabilidad penal específico para los responsables últimos de las plataformas, poniendo fin a la impunidad derivada de la falta de control efectivo sobre los contenidos que se difunden bajo su supervisión
Asimismo, ha anunciado que se tipificará como delito la manipulación de algoritmos que facilite la amplificación deliberada de contenidos ilegales, y la alteración del funcionamiento de sistemas automatizados de procesamiento de datos. Esta iniciativa se vehiculará también a través de un Proyecto de Ley Orgánica. La norma incorporará la responsabilidad penal de las plataformas cuyos algoritmos amplifiquen contenidos ilegales, superando la idea de que la tecnología es neutral.
"Vamos a tener una tolerancia cero en estas cuestiones y vamos a defender nuestra soberanía digital contra cualquier tipo de cohesión extranjera", ha expuesto ante los asistentes. "Mi Gobierno va a convertir las redes sociales en un espacio saludable y democrático, como siempre debiera haber sido".
El Gobierno va a trabajar junto a la Fiscalía para abordar las posibles infracciones legales de Grok, TikTok e Instagram. Además, para atajar la amplificación de los discursos del odio, Sánchez ha anunciado la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita establecer una "Huella de Odio y Polarización" y exponer la permisividad de las plataformas digitales que alimentan este tipo de contenido cuyo impacto está incidiendo en una mayor división social.
Sánchez protagoniza desde hace meses una cruzada contra las redes sociales y sus dueños, bajo el argumento de que en La Moncloa consideran que son el caldo de cultivo principal de la desinformación. Aprovecha su participación en foros internacionales para cargar contra estas redes y su desempeño. Hace un año, en Davos, ya señaló que las redes sociales están "erosionando" las democracias, "simplificando en exceso y polarizando el debate público" para generar una sociedad cada vez más dividida y fácil de manipular.
Ya entonces pidió a Europa "abrir la caja negra de los algoritmos" para comprobar si estos cumplen "los requisitos legales y morales" de la UE y asegurarse de que los directores generales de las redes sociales rindan cuentas personalmente por el incumplimiento de las leyes y normas en sus plataformas. Una medida que ahora repite en Dubai y que quiere ejecutar desde su gobierno.
En noviembre del año pasado anunció una investigación contra META por la supuesta violación de la privacidad de millones de usuarios. Para ello, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp dijo que tendría que rendir cuentas ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso de los Diputados, algo que aún no ha sucedido.