Segundo 'round' contra Plus Ultra, una aerolínea bajo la lupa

«Se ha utilizado injustificadamente como arma arrojadiza en una batalla política contra el Gobierno de España en la que nada tiene que ver». Así respondía Plus Ultra hace ahora tres años al archivo de la investigación judicial abierta por el rescate de la aerolínea con 53 millones de fondos públicos. El juzgado de Instrucción 15 de Madrid acababa de dictar un auto de sobreseimiento en el que consideraba que no había indicios de delito para seguir adelante en la causa contra los miembros de la Sepi que respaldaron conceder las ayudas públicas.

En realidad, el archivo estaba provocado por un error en los plazos de investigación. Y era un archivo provisional: hoy el mismo juzgado y la misma juez tienen de nuevo abierta la investigación vinculada al rescate. No por su concesión por el Consejo de Ministros, sino por el uso concreto de los fondos públicos que se entregaron.

La Fiscalía Anticorrupción considera que varios millones pudieron servir para blanquear fondos de origen delictivo de una organización criminal vinculada a Venezuela. Se rastrean, entre otras cuestiones, los préstamos solicitados por la compañía a sociedades off shore radicadas en Suiza y Reino Unido y que fueron devueltos con fondos del rescate. Se trata de los préstamos solicitados por Plus Ultra entre 2020 y 2021 por importe de 1,3 millones de euros a sociedades del financiero Simon Leendert Verhoeven, investigado por la Fiscalía suiza y considerado por los investigadores como cabecera de la banda criminal.

En esta investigación por blanqueo, declarada secreta, la Policía Nacional registró Plus Ultra y detuvo al presidente y fundador de la compañía, Julio Martínez Sola, y al CEO, Roberto Roselli.

Los préstamos suscritos por la aerolínea ya habían ocupado parte de las primera diligencias que se archivaron. Un informe elaborado por dos peritos judiciales independientes para comprobar que se habían cumplido los requisitos para recibir las ayudas públicas resaltó que en las cuentas anuales constaba la existencia de un préstamo participativo otorgado por la sociedad financiera panameña Panacorp Casa de Valores, S.A., suscrito en fecha de 22 de diciembre de 2017, por importe de 6,3 millones.

Los peritos llegaron a la conclusión de que Plus Ultra podría encontrarse en «situación de crisis», lo que hubiera impedido recibir el préstamo. Resaltaban que ese préstamo mantenía como «garantía» una cantidad líquida «indisponible» de cuatro millones, depositada en el Commonwealth Bank and Trust LTD en la República de Dominicana, «paraíso fiscal tal y como establece la propia Agencia Tributaria». Veían «contrario a la lógica económica mantener indisponible, durante toda la vida del préstamo, una cantidad, que además ni genera ningún rendimiento para la prestamista ni tampoco ninguna utilidad para la entidad Plus Ultra». Dejaban entrever que la única finalidad de esta operación, con visos de ser ficticia, era «la de representar una situación de solvencia frente a terceros». De hecho, los peritos apuntan a que existía una «alta probabilidad» de suspensión de pago al cierre de 2019 si se valora la cuantía del préstamo.