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El 14 de marzo de 2024, el subdirector de EL MUNDO Esteban Urreiztieta publicó una información en la edición digital titulada así: La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales mientras judicializa el caso. Uno de los subtítulos rezaba: El empresario ya había admitido los hechos un mes antes y había mostrado su voluntad de pactar. En la edición impresa, el subtítulo fue otro, pero el reconocimiento de los hechos estaba recogido en el cuerpo del texto. La noticia respondía a lo que había sucedido en realidad: Alberto González Amador quería resolver el conflicto por sus actividades supuestamente delictivas de forma apresurada, el fiscal le decía a su abogado que la vía administrativa estaba agotada y le ofrecía liquidar el asunto mediante un acuerdo previo al juicio. Punto.
El periodismo no es una ciencia exacta, cualquier información es perfectible y, posiblemente, el mismo contenido exclusivo en manos de otro medio se hubiera titulado de manera distinta sin faltar a la verdad. Sucede todos los días. Lo extraordinario es que, durante un año, el ecosistema de medios más afín al Gobierno haya tachado esa pieza de «bulo». Así, por las buenas. Y que lo siga haciendo, pues las cajas de resonancia no se quiebran tan fácilmente. De hecho, algunas duran toda la vida.
En el juicio que ha acabado con la condena al fiscal general del Estado hubo un momento intrascendente para la materia que se trataba, pero singular para analizar el estado del periodismo. José Precedo, de elDiario.es, declaró tener un dilema moral y le dijo al Supremo ni más ni menos cuál debería ser el fallo que tenía que concluir: «Es inocente».
La ex directora de El PaísSoledad Gallego-Díaz, profesional de larguísima trayectoria, conocimiento profundo de la política y referente para periodistas como el que firma, se llamó a escándalo por la respuesta desabrida del presidente de la sala, que consideró una «amenaza» lo que era una intromisión en su trabajo. «Un desprecio intolerable al periodismo», lamentó Gallego, y pasó por alto algo más obvio. Precedo se había arrogado la potestad de dictar sentencia en los mismos términos que haría el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tres días después en su periódico: «El fiscal general del Estado es inocente».
Cuando los periodistas cierran filas con el poder algo puede estar fallando en su misión fiscalizadora. En el largo proceso al fiscal general, muchos no sólo han empleado los mismos argumentos, y han asumido las funciones que no les corresponden, sino que han utilizado hasta las idénticas palabras que salen todos los días perfectamente embaladas del laboratorio de agitprop del Palacio de la Moncloa.
La RAE define «bulo» como «noticia falsa propalada con algún fin». Absolutamente nada de esa palabra tiene que ver con la noticia de EL MUNDO. El uso machacón que hace de ella el presidente del Gobierno atañe a los marcos mentales, no a la semántica. En este caso, al muro mediante el que quiere mantener a los españoles a salvo de las hordas manipuladoras de Trump, Ayuso y Franco revivido. Y que no es más que la débil almena en la que resiste habiendo perdido las elecciones, podrido por la corrupción, sin apoyo del Parlamento y alineando como arqueros a todos los funcionarios del Estado que se dejan.
Tampoco es cuestión de ponerse estupendos, ni de presumir de inmunidad frente a sesgos o presiones, ni de atribuirse la exclusiva del sacerdocio de la verdad. Los informadores llegamos hasta donde podemos con nuestros limitados medios y pequeñas armas, que son las palabras. Si éstas son indistinguibles de las que fabrica quien manda, el desprecio intolerable al periodismo lo practica, afectadísimos compañeros, el propio periodista.