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El PSOE quiere penalizar con penas de prisión las "falsas terapias de conversión" que pretenden eliminar o negar la orientación sexual, la identidad sexual o la expresión de género. Para que puedan ser consideradas un delito, su grupo parlamentario en el Congreso ha registrado esta semana una Proposición de Ley Orgánica con la que se modificaría el Código Penal para dar cobertura a esta medida.
"Estas aberrantes prácticas son una forma de tortura y de violencia inaceptables en nuestra democracia", denuncia Víctor Gutiérrez, secretario LGTBI de los socialistas y diputado en la Cámara Baja. "Se trata de ir un paso más allá en su persecución y cumplir así con nuestro compromiso: fuimos el único partido que incluyó en su programa electoral la criminalización de estas terapias", agrega.
La Proposición de Ley busca que se castigue con penas de prisión de seis meses a dos años al que "aplique o practique sobre una persona actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos de aversión o conversión, ya sean psicológicos, físicos, farmacológicos o de cualquier otra naturaleza, destinados a modificar, reprimir, eliminar o negar su orientación sexual, su identidad sexual o su expresión de género".
Esta condena se agravaría cuando la víctima fuera menor de edad, cuando se emplee la violencia o una situación de superioridad, cuando el culpable pertenezca a una organización u asociación o cuando se realice con fines lucrativos.
"En todos los casos se impondrá, además, la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre de entre tres y cinco años más del tiempo de la duración de la pena de privación de libertad", precisan en el Grupo Socialista, que en el caso de menores de edad se elevaría hasta cinco años para cualquier profesión y oficio, retribuido o no, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad.
Además, cuando una persona jurídica sea responsable de los delitos cometidos, se le impondrá una multa "de seis meses a dos años e incluso la disolución de la persona jurídica, la suspensión de sus actividades o la clausura de sus locales en un periodo de tiempo o la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas".
"Ésta es una iniciativa muy importante porque las mal llamadas terapias de conversión serán delito en España", señala Víctor Gutiérrez. "Esto llega en un momento de especial importancia porque estamos viendo cómo los derechos del colectivo LGTBI están siendo atacados en todo el mundo y también en España", añade el diputado.
Y advierte: "Recordemos que Carlos Mazón [presidente de la Comunidad Valenciana], ya mimetizado con Vox, ha abierto la puerta a que estas prácticas se les puedan realizar a las personas trans y que Isabel Díaz Ayuso, en sus recortes a las leyes LGTBI y trans en la Comunidad de Madrid, también dejó abierta esta puerta para que se realizasen estas aberrantes prácticas de tortura".