Este martes, San Sebastián, A Coruña y 20 municipios de Navarra se suman a las zonas tensionadas de los precios del alquiler. En total, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado hoy recoge que 301 municipios de cuatro comunidades autónomas distintas podrán topar sus precios del alquiler a partir de ahora. A Galicia, País Vasco y Navarra se le une Cataluña, donde la medida entró en vigor en marzo de 2024.
Esto conlleva, según apuntan los datos del Ministerio de Vivienda, a que haya más de 8,28 millones de personas viviendo en zonas donde el mercado del alquiler está tensionado.
San Sebastián es la primera capital de provincia del País Vasco declarada como zona tensionada, aunque ya se había aplicado esta regulación en otras localidades de la comunidad; Galicia incorpora A Coruña; y desde Navarra se extenderá la medida a los municipios de Pamplona, Tudela, Valle de Egüés, Burlada, Barañáin, Zizur Mayor, Estella-Lizarra, Aranguren, Berriozar, Tafalla, Ansoáin, Villava, Corella, Valle de Elorz, Cintruénigo, Baztan, Altsasu, Huarte, Berrioplano, San Adrián y Peralta.
Hay otras ciudades que han solicitado ser declarados zonas tensionadas, como Santiago de Compostela (Galicia), y alrededor de 16 municipios de Asturias, según informa la agencia Efe.
La ley de Vivienda
La declaración de zonas tensionadas es parte del conjunto de medidas recogidas dentro de la Ley de Vivienda para contener los precios del alquiler. Se aplica "en zonas donde los incrementos en los años anteriores hayan sido desproporcionados", como explica Moncloa.
Declarar una zona tensionada implica que los gobiernos autonómicos tienen luz verde para ejecutar las medidas urgentes que regulen la situación del alquiler hasta que en tres años la situación se haya revertido. Por otro lado, y entre otras medidas, la norma recoge una serie de bonificaciones fiscales para los propietarios ("buenos caseros", como los define Moncloa) que respeten el índice de referencia (se pueden deducir hasta el 90% de lo que ingresen por esos alquileres, si bajan su precio un 5%). También se limita, en las zonas aplicadas, la capacidad de incrementar los precios de nuevos contratos de arrendamiento, porque estos están ajustados al precio del contrato anterior. Los precios del alquiler podrán regularse a través del Índice de Referencia para la Actualización de Arrendamientos de Vivienda (denominado con las siglas IRAV), definido por el Instituto Nacional de Estadística (INE), y que en su última actualización de junio de 2025 permite un incremento del 2,10% en los contratos firmados en ese mes. Este índice sí topa los contratos de los grandes tenedores (es decir, los propietarios de cinco o más inmuebles de uso residencial en la misma zona tensionada).