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El Ministerio de Seguridad Social citó este lunes a los agentes sociales para retomar el diálogo social en torno al preocupante aumento de las bajas médicas y del número de trabajadores que están percibiendo una prestación por Incapacidad Temporal (IT). Después de cuatro meses sin reuniones -el diálogo se interrumpió en octubre cuando el Ministerio propuso en la mesa la reforma para elevar las cotizaciones sociales de los autónomos-, el departamento que dirige Elma Saiz decidió convocar a sindicatos y patronales días después de que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presentara su informe sobre el gasto que suponen las bajas médicas.
Los agentes sociales acudían a la mesa con expectación. En octubre, la última vez que se habían sentado para valorar este asunto, el Gobierno les había presentado una propuesta que no gustó ni a unos ni a otros. En la práctica consistía en facilitar la incorporación progresiva de los trabajadores tras las bajas cuando se trataba de enfermedades graves.
El borrador del texto, al que tuvo acceso este medio, mencionaba "procesos oncológicos, isquémicos cardíacos o accidentes cerebro vasculares o traumatológicos graves, incluidas situaciones post-trasplante" y, para esos casos, se proponía que los trabajadores volvieran progresivamente a su puesto a los seis meses de empezar su proceso de baja. Se incorporarían al 50% durante un mes y, después, pasarían a trabajar a tiempo completo, con lo que la Seguridad Social se aseguraría así sólo tener que asumir el pago del 50% de la prestación, mientras la empresas abonarían el salario correspondiente a la otra mitad de la jornada laboral durante ese mes.
De esta forma, se aliviaría en parte el fuerte incremento de gasto público que se está produciendo en esta prestación, con un aumento del 200% desde el año 2014, según ha constatado la AIReF, y un desembolso de 16.464 millones de euros el último año. "Esta partida representa la segunda mayor rúbrica de gasto gestionada por la Seguridad Social, tras las pensiones", destacan.
La idea disgustó tanto a los sindicatos como a las patronales porque suponía en la práctica poner a trabajar a personas enfermas cuando no estaban bien para trabajar el 100% del tiempo (si así lo consideraba un facultativo); implicaba un exceso de regulación de algo que podría negociarse caso a caso y, además, suponía un incremento de costes para las compañías.
En la reunión de ayer, el secretario de Estado, Borja Suárez, se comprometió a enviar un nuevo texto para avanzar en las negociaciones en los próximos días, antes de que vuelvan a reunirse el lunes de la semana que viene. Al no acudir a la cita con ningún papel, dedicó la reunión a repasar los hallazgos más importantes del informe de la AIReF -que fue fuertemente criticado por los sindicatos- y a comprometerse a lanzar "de forma inminente" un Observatorio para estudiar el fenómeno de las bajas médicas.
¿Solucionará el problema de alguna manera ese Observatorio? Probablemente no, ya que sus funciones son tan etéreas como "mejorar la salud y la recuperación de las personas trabajadoras", aunque no se explica cómo, y, por otro lado, "promover una gestión más eficaz de esta prestación del sistema de Seguridad Social", sin aclarar tampoco cómo. Ambas cosas podrían ser tareas del Ministerio en lugar del nuevo organismo, que estará adscrito al mismo e integrado por su personal y de los propios agentes sociales.
No es la primera vez que el Gobierno utiliza esta fórmula ante la falta de soluciones alternativas. En octubre también anunció la creación de un Observatorio de Vivienda Turística, para "conciliar mejor turismo y convivencia con los residentes"; en febrero presentó el Observatorio de Derechos Digitales, para "garantizar la protección de los derechos de la ciudadanía en el entorno digital y fomentar un futuro digital inclusivo", y en los años anteriores había lanzado el Observatorio de Salud y Cambio Climático y el Observatorio Global del Español, entre otros.