- Informe La AIReF pide que la Inspección de la Seguridad Social actúe desde el primer día de la baja médica
- Perfil Las mujeres jóvenes que ya han estado de baja, con empleos en empresas grandes y un sueldo medio tienen más riesgo de IT
El Ministerio de Seguridad Social ha informado este lunes a los agentes sociales de la puesta en marcha de forma inmediata de un Observatorio para hacer un seguimiento de la evolución de las bajas médicas y las prestaciones por Incapacidad Temporal (IT) en España, debido a que se han disparado en los últimos años y suponen una de las principales amenazas para el tejido empresarial y la propia economía.
Según ha trasladado a los negociadores de UGT, CCOO, CEOE y Cepyme, el Ministerio les va a remitir próximamente una nueva propuesta para trabajar en la incorporación progresiva de los trabajadores tras las bajas, algo que creen que aliviaría el problema. El departamento que dirige Elma Saiz no se había reunido con los agentes sociales para hablar de IT desde el 13 de octubre, día en el que la reunión saltó por los aires tras presentar su propuesta de modificación de las cotizaciones sociales para el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
En esa cita, el Ministerio planteó una reforma con la que se buscaba fomentar la incorporación de los trabajadores después de haber estado de baja. "Las personas trabajadoras a tiempo completo o a tiempo parcial con una jornada equivalente, al menos, al 80% de la jornada de una persona trabajadora a tiempo completo comparable, que se encuentren en situación de incapacidad temporal, podrán incorporarse de forma progresiva al trabajo cuando así se establezca en el correspondiente parte de alta médica por curación o por mejoría. A tal efecto y de conformidad con lo previsto en el presente artículo, en dicho parte se establecerá un periodo de reincorporación progresiva inmediatamente posterior a la fecha de efectos del alta médica. Será requisito necesario que hayan transcurrido, como mínimo, 180 días desde el inicio de la situación de incapacidad temporal", precisaba la propuesta a la que tuvo acceso EL MUNDO.
Dentro de estas enfermedades, el Ejecutivo inckuía las que tienen su origen en "procesos oncológicos, isquémicos cardíacos o accidentes cerebro vasculares o traumatológicos graves, incluidas situaciones post-trasplante".
La idea, por tanto, parecía que estos trabajadores que habían padecido una enfermedad grave pudieran volver al trabajo a media jornada a partir de los seis meses de comenzar su baja si un facultativo lo consideraba posible por mejoría o curación. Se incorporarían al 50% durante un mes y, después, pasarían a trabajar a tiempo completo, con lo que la Seguridad Social se aseguraría así sólo tener que asumir el pago del 50% de la prestación, mientras la empresas abonarían el salario correspondiente a la otra mitad de la jornada laboral durante ese mes.
La propuesta entonces no gustó ni a los sindicatos ni a los empresarios, ya que ninguno veía con buenos ojos que una persona que no esté al 100% sana para trabajar tuviera que ir al trabajo y cobrar por ello. Entre los motivos citaban la la propia salud del trabajador; el exceso de regulación, cuando podría ser más interesante que la posibilidad de la reincoporación progresiva se negociara caso a caso entre cada empleado y su empresa, con los ritmos y tiempos más adecuados para cada situación; y que suponía un coste para la empresa, que tendría que pagar un sueldo a un trabajador que no está sano al cien por cien para rendir y ser productivo.
Desde UGT este lunes han vuelto a señalar que no entienden por qué incentivar la reincorporación temprana de un trabajador podría aliviar la situación, más aún cuando el tipo de baja que más está creciendo es la de poca duración (de 0 a 3 días). Aún así, tanto este sindicato como CCOO se ha mostrado muy crítico con el informe que presentó la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) la semana pasada, en el que alertaba del crecimiento del gasto en IT y perfilaba el tipo de persona con más riesgo de estar en IT.
"Es una aproximación absolutamente inadecuada (...) La AIReF ha contestado con una mera evolución de gasto y, además, en nuestra opinión, en un informe manifestamente mejorable (...) Creemos que ha errado en el enfoque, y es un enfoque en el que, además, señala a las mujeres, señala a los trabajadores de las grandes empresas, señala a los convenios colectivos donde hay más capacidad de negociación y donde se protege mejor la situación de los trabajadores en incapacidad temporal, señala donde hay más contratos indefinidos frente a contratos temporales, señala la reforma laboral porque consolida el empleo estable, es decir, establece una relación directa entre la precariedad laboral y el uso de la incapacidad temporal como medida de protección cuando se pierde la salud. Y eso es algo que nos parece sinceramente intolerable, como lo es plantear que el Sistema Nacional de Salud supone una especie de agencia que genera gasto pero no lo paga y, por tanto, tiene ahí un componente contrario al propósito de la prestación", ha denunciado Carlos Bravos, de CCOO.
Observatorio
El Ministerio ha trasladado a la mesa la puesta en marcha de manera inminente de un Observatorio Estatal de la Incapacidad Temporal (IT) cuya finalidad será "mejorar la salud y la recuperación de las personas trabajadoras y promover una gestión más eficaz de esta prestación del sistema de Seguridad Social".
El organismo será regulado en una orden ministerial que empezará a tramitarse de inmediato mediante una consulta pública previa, se configurará como un órgano técnico estratégico de análisis adscrito a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones con carácter permanente y guiado por criterios científicos.
Formarán parte del mismo representantes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad Social); el Ministerio de Sanidad (Secretaría de Estado de Sanidad, Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud, Comisionado de Salud Mental); las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME, y los sindicatos CCOO y UGT.