Una 'marcha lenta' de coches reivindicará este domingo que el Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente vuelva a poner un "tren directo" Burgos-Madrid, línea que fue cerrada en 2012 tras una serie de accidentes y el derrumbe de un túnel.
Así lo trasladaron fuentes de la asociación Sociedad Civil Burgalesa (Socibur) a Servimedia, que actúa como plataforma para hacer reivindicaciones para la provincia en materia de infraestructuras y desarrollo económico.
La entidad lleva ocho años concentrándose cada sábado ante la Subdelegación del Gobierno en Burgos para reclamar la recuperación del tren directo a Madrid. Este domingo, 1 de marzo, dará un paso más y organizará una 'marcha lenta' de vehículos entre Burgos y Lerma con el mismo objetivo.
La caravana partirá a las 11.00 horas desde la zona de Firestone, en el barrio de Gamonal, en dirección a Lerma. Está previsto que a las 12.00 horas se lea un manifiesto en la Plaza Mayor de la localidad. Posteriormente, los participantes regresarán a Burgos en la misma modalidad hasta las inmediaciones del Hotel Landa Palace, donde la movilización quedará oficialmente disuelta.
SEGUIR "PROSPERANDO"
Según Socibur, el motivo de esta marcha es demostrar la necesidad de retomar el tren directo a Madrid "para que Burgos y su provincia, al igual que toda España, siga prosperando".
En el manifiesto se alude a que la crisis ferroviaria actual no puede pasar por alto que hace 14 años se hundió el túnel de Somosierra, lo que precipitó el cierre de la línea que unía directamente Burgos con la capital española.
"Desde entonces", se afirma en este texto, "han desfilado Gobiernos nacionales, regionales y ninguno ha tratado de volver a poner dicha línea en marcha. Todos sabemos por qué: el dinero de mantenimiento a infraestructuras, se destina a aquellas regiones de las que depende la gobernabilidad, a costa de decisiones no técnicas, sin sentido y que contribuyen a la España vaciada y desequilibrio entre regiones".
Se añade que las provincias de Burgos, Segovia y la zona norte de Madrid llevan 14 años condenadas al "ostracismo", con una inversión en infraestructuras por habitante muy inferior a otras partes de España.