El idilio entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el empresariado catalán que caracterizó su primer tramo de mandato -después de que el socialista llegara prometiendo un periodo de estabilidad, consenso y seguridad jurídica para dejar atrás los convulsos años del procés- se ha ido resquebrajando poco a poco debido a sus políticas intervencionistas en el sector inmobiliario.
La tensión ha terminado por estallar esta semana en un choque frontal entre la Generalitat y la patronal Foment, después de que los socialistas catalanes pactaran con los Comuns un proyecto de ley cuya finalidad es que solo se pueda comprar vivienda en Cataluña para utilizarla como residencia habitual o para ponerla en alquiler bajo un precio de régimen general que estipule la Administración autonómica. El proyecto, que modificará la actual Ley de Urbanismo, contempla sanciones muy duras de hasta 1,5 millones de euros.
«Son medidas filocomunistas que vulneran derechos fundamentales como el de la propiedad privada», fue la contundente respuesta que dio ayer el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, a una iniciativa que ha recibido el aplauso del Gobierno y que Illa quiere tener en funcionamiento en seis meses. Para ello, intentará aprobarla en el Parlament con el apoyo de ERC y los Comuns por la vía de urgencia.
MALESTAR TRANSVERSAL
El enfado de Sánchez Llibre con una medida que considera anticonstitucional expresa un malestar amplio y cada vez más transversal del empresariado catalán con Illa, a quien reprochan que esté asumiendo toda la «agenda bolivariana» de Ada Colau para amarrar el apoyo de los Comuns en la cámara. Otra medida del Govern en este sentido es el reciente incremento de l 20% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Además, recuerdan que en Barcelona -donde el alcalde Jaume Collboni aboga por prohibir la compra a los extracomunitarios- la obra nueva y las rehabilitaciones de edificios deben destinar un 30% a vivienda social.
En este contexto de regulación, en el proyecto de ley que impulsa Illa contra la «especulación inmobiliaria» destaca que los «grandes tenedores» -que en Cataluña tienen esa consideración a partir de la posesión de cinco inmuebles- no podrán comprar viviendas individuales, sino solo edificios enteros para destinarlos al alquiler residencial y con un precio topado por la Generalitat.
La ley también pretende estipular que toda persona, sea pequeño o gran tenedor, solo pueda comprar una segunda residencia en el municipio donde vive habitualmente y no podrá ponerla en alquiler. Incluso el nuevo proyecto de ley pone en su punto de mira las herencias, ya que los herederos estarán obligados a vivir en el inmueble -ellos o un familiar-, venderlo o ponerlo en alquiler. En ningún caso tenerlo deshabitado.
«Illa se está destapando como un populista de izquierdas que alienta de manera irresponsable el discurso contra el empresario y la propiedad privada», afirma a este diario un destacado representante del sector inmobiliario.
Una crítica muy parecida en el tono y la forma a la de otros empresarios, quienes lamentan que la Generalitat esté tomando medidas que «perjudican e impiden la recuperación económica». Y se muestran convencidos de que este proyecto de ley solo empeorará el problema de fondo, que es la falta de oferta: «Calificar de gran tenedor al propietario de cinco inmuebles, presentarlo como un especulador y culparlo de la crisis de la vivienda es una irresponsabilidad y un error».
A esta crisis por la política inmobiliaria se suma al choque entre el Govern y Foment por la reforma de la financiación autonómica. El reciente pronunciamiento de Sánchez Llibre en contra del modelo acordado entre ERC y el PSC, que tildó de «claramente insuficiente», sentó como una patada al presidente Illa, quien telefoneó al representante de los empresarios para transmitirle su disconformidad y trasladarle el mensaje de que a la Generalitat «se la respeta».