El Gobierno aprobará por sexto año consecutivo la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sin el acuerdo de quienes tienen que aplicarlo a los trabajadores: las empresas.
El Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz, no logró este jueves, una vez más, el acuerdo de CEOE para elevar el SMI un 3,1% hasta llegar a los 1.221 euros mensuales sin tributación, según el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. "Finalmente, no ha sido posible incorporar a la patronal", ha afirmado al término de la reunión de la mesa del diálogo social de este jueves.
La cifra, que entrará en vigor a 1 de enero con efectos retroactivos, es aceptada por los sindicatos UGT y CCOO, pero no por los representantes empresariales. Éstos acusaron además al Gobierno de «trilerismo» por la propuesta de Díaz y de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para embarcar a las empresas. Ofrecen una cierta subida, con condiciones, a las empresas que han obtenido concursos públicos y que ven cómo sube el coste del personal y los materiales sin que se haya modificado el importe del contrato. El Gobierno no necesita legalmente el apoyo de CEOE y Cepyme para elevar el salario mínimo, pero lo busca teóricamente cada año para dar más solidez a esta medida de política económica.
«De lo que hemos podido conocer por la prensa, deducimos que supone la sustitución de la esperada indexación de los contratos públicos por unas fórmulas trileras y que no compensan los costes asociados a la actualización del SMI planteada, de espaldas a lo compartido por todos los interlocutores del diálogo social bipartito en el AENC [Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva]», aseguran en un comunicado CEOE y Cepyme.
«Esto es así porque, entre otras cosas, deja fuera a todos los autónomos y a la inmensa mayoría de las empresas de todos los sectores. De hecho, la medida excluye también, de manera insólita, a las empresas en pérdidas, que son las que más lo necesitan, a las cooperativas y a las entidades sin ánimo de lucro». Tras el comunicado, el Gobierno amplió su propuesta de deducción para las empresas que aumenten el número de trabajadores con retribuciones por encima del salario mínimo para incluir a los autónomos empleadores que tributen en el IRPF, con la excepción de aquellos acogidos al régimen de módulos, según Efe.
En todo caso, CEOE y Cepyme se desmarcan porque se trata de «condiciones inalcanzables para la mayoría de las empresas y, sobre todo, supone una nueva injerencia en la negociación colectiva y la libertad de empresa. Es puro intervencionismo».
Posteriormente, ambas patronales han lanzado otro comunicado conjunto formalizando ya su rechazo a la subida. "Reunido el Comité Ejecutivo extraordinario este jueves, sin que se hayan podido seguir los procesos mínimos de consulta propios del diálogo social al no haber recibido ninguna propuesta en firme en la mesa de negociación de esta tarde, y en plena descoordinación y conflicto entre ministerios sin precedentes, se ha decidido por unanimidad no apoyar la propuesta de subida del SMI planteada por el Gobierno".
CEOE y Cepyme arremeten contra la decisión: "Queremos dejar claro también que esta subida es una trampa, dado que Trabajo realmente ha pactado con los sindicatos la tramitación de la no compensación y absorción de los complementos salariales, saltándose de nuevo el Estatuto de los Trabajadores y quebrando la negociación colectiva, lo que llevará a un incremento exponencial de los costes y asfixiará a gran número de empresas".