El 'no' del Congreso al decreto ómnibus del Gobierno pone fin a la prórroga que permitía suspender los desahucios de colectivos vulnerables desde el año 2020. Esta decisión abre un nuevo escenario para los dueños de las viviendas ocupadas ilegalmente, ya que aquellos con desahucios suspendidos podrán cobrar el alquiler de mercado y los gastos de comunidad que hayan tenido que costear durante el periodo de paralización.
El valor de la compensación se determinará con el valor medio de las viviendas en alquiler en la zona, tomando como referencia índices como el Sistema estatal de referencia del precio del alquiler de vivienda (Serpavi) o los informes de portales inmobiliarios. En los casos con una renta pactada originalmente en el contrato inferior al precio del mercado, la compensación se ajusta a esa renta dejada de percibir. Junto a este pago, los propietarios podrán reclamar el reembolso de los gastos corrientes de la vivienda (como los recibos de la comunidad o suministros) que hayan asumido.
Eso sí, el proceso para recuperar este dinero se enfrenta a un calendario muy ajustado, pues el plazo para presentar las solicitudes finaliza el 2 de febrero de 2026. Ante esto, la Asociación de propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) define como un plazo "exiguo" y recomienda a los afectados que registren su petición de inmediato, aunque el expediente esté incompleto. Según la normativa vigente, la Administración está obligada a conceder 10 días adicionales para subsanar errores o añadir documentos una vez presentada la solicitud inicial, lo que evita que el propietario pierda su derecho por falta de tiempo.
Para que la solicitud sea aceptada, es indispensable que exista un auto judicial donde el juez motive que la suspensión del lanzamiento se debió específicamente a la vulnerabilidad económica del inquilino bajo el marco del Real Decreto 11/2020. Una vez realizado el trámite, el propietario cuenta con una garantía adicional que se refiere a que si la Administración no resuelve la petición en un plazo de entre tres y seis meses, se aplicará el silencio administrativo positivo, lo que aprueba la compensación automáticamente.
"Las preocupaciones de los propietarios son las mismas de años anteriores: que el inquilino le pague el alquiler y que le cuide la vivienda", aseguró Sergio Cardona, jefe de Estudios de la Fundación Alquiler Seguro, este miércoles durante la presentación de su Barómetro del alquier. "El decreto o las medidas que se han ido presentando en los últimos años no han cambiado la situación".
"No es un okupa ni un inquiokupa"
El voto del PP, Vox y Junts tumbaron el decreto que mezclaba la subida de las pensiones con la suspensión de desahucios y alegaron a un "chantaje" para empaquetar asuntos que no tenían nada que ver el uno con el otro. El rechazo de Junts y el PP estuvo en el llamado "escudo social" en el caso de los impagos por inquilinos vulnerables.
Frente a esto, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, acusó a Alberto Núñez Feijóo de mentir y criminalizar la pobreza e inmigración. "Una persona que de repente no puede pagar el alquiler porque no le da (no porque no quiere) no es un okupa ni un inquiokupa: es alguien que necesita el apoyo de lo público para reflotar su situación", señaló a través de sus redes sociales.