El Plan Europeo para la Vivienda asequible, que mañana presentará la Comisión Europea, incluirá "indicaciones" y un "marco de actuación" para las plataformas como Airbnb en zonas tensionadas. Fuentes comunitarias así lo confirman a EL MUNDO, al tiempo que inciden en que no se pretende prohibir en absoluto este tipo de compañías ni los alquileres de corta estancia, pero sí dar unas directrices sobre lo que se debe hacer y lo que no.
En Bruselas se subraya que su actuación será totalmente compatible con las normas locales y que se dejará espacio a las regulaciones nacionales. De hecho, las competencias en materia de vivienda son de los estados, razón por la que muchas voces han puesto en duda que el Plan de la Comisión vaya realmente a aportar soluciones. Pero desde la capital comunitaria insisten en que el texto incluirá medidas legislativas. No ahora, no de inmediato, pero sí en una segunda fase de actuación.
Lo que no está previsto que se incluya en el documento del comisario de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, es una intervención en términos de precios total sobre las zonas tensionadas, tal como pretendía el Gobierno. En la reunión del Consejo Europeo del pasado mes de octubre, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, planteó que se impongan límites a los alquileres pero la Comisión no va a abordar esa cuestión. Es más, sería difícil que lo pudiese hacer.
El documento, en cualquier caso, ha generado una gran expectativa en Bruselas en las últimas semanas. La vivienda es un grave problema en una gran cantidad de países de la Unión Europea, aunque cada uno con sus peculiaridades. Y ese es, precisamente, uno de los grandes retos del Plan de Jorgensen: ser capaz de dar, al menos en parte, respuesta a situaciones tan dispares como las que se pueden producir en Madrid, Atenas o Ámsterdam.
Pero por encima incluso de este desafío, está el hecho de que el trabajo tenga realmente impacto. Que no se quede sólo en una hoja de ruta o en un recopilatorio de intenciones, que es lo que ocurre habitualmente en Bruselas con los temas complicados y espinosos. La UE necesita comenzar a actuar, a tomar decisiones, y a hacerlo de manera mucho más rápida. En este ámbito y en muchos otros. El mundo va a una velocidad a la que Bruselas no está habituada pero a la que se tiene que adaptar para sobrevivir.
Y a la necesidad de tomar nuevas decisiones se suma la obligación de revisar otras: un ejemplo claro, el futuro de los vehículos de combustión. La Comisión Von der Leyen I quiso abanderar la transición verde y acabar con las emisiones de los coches, pero se ha demostrado que ni el sector del automóvil ni los ciudadanos están en situación de transitar ese camino. O al menos no al ritmo que pretendía Bruselas.
Por ello, la Comisión Von der Leyen II se ha visto obligada a revisar buena parte de sus premisas, y esta semana se anunciará muy probablemente la flexibilización del fin de los coches de combustión. El presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, ya afirmó en este periódico en septiembre que estos vehículos no estarán prohibidos en Europa a partir de 2035, como está previsto. Y la semana pasada volvió a lanzar el mismo mensaje.
"La prohibición tecnológica de los motores de combustión está descartada. Por lo tanto, todos los motores que se fabrican actualmente en Alemania y en el resto de Europa pueden seguir produciéndose y vendiéndose", aseguró Weber en declaraciones al periódico alemán Bild. El sector también está presionando para ello, y en Bruselas existe la certeza de que, efectivamente, habrá una flexibilización. La presentación de la medida está prevista para el miércoles, un día después del Plan de Vivienda y uno antes del Consejo Europeo en el que se debe aprobar el préstamo de rescate para Ucrania. Comienza una semana muy importante en la UE.