- Empleo Público El Gobierno promete a Bruselas bajar la temporalidad en el sector público mientras deja caducar 10.000 plazas de funcionarios
La playa, el chiringuito... y el despido masivo de profesores. Un clásico del verano que este año ha golpeado con especial dureza a los profesionales de la educación. Como viene siendo habitual, la afiliación a la Seguridad Social en el sector se ha hundido con el fin de curso, pero en esta ocasión la destrucción de empleo ha alcanzado un nivel nunca visto. Más de 184.000 personas -entre trabajadores por cuenta ajena y autónomos- perdieron su empleo en junio y julio, una cifra que rebasa todos los registros de la serie histórica analizada por EL MUNDO.
Sólo en el régimen general, la Seguridad Social perdió 123.699 afiliados a la educación en julio, máximo histórico para este mes desde que hay datos comparables en 2009. Estos se suman a los 55.568 contratos finalizados en junio y a todos ellos habrá que añadir las bajas de agosto. En total, hasta ahora el fin de curso se ha llevado por delante 179.267 empleos más otros 4.886 en el régimen de autónomos, que perdió 1.025 profesionales en junio y otros 3.861 en julio. Nunca antes se habían producido tantos despidos a las puertas de las vacaciones de verano. El año pasado, por ejemplo, fueron 174.197; en 2023 se quedaron en 162.427; y si se echa la vista una década atrás, en 2015, entre los meses de junio y julio el sector restó solo 137.418 cotizantes.
Las estadísticas reflejan que la reforma laboral impulsada por el Gobierno en 2021 no ha conseguido acabar con la práctica extendida en los centros educativos de rescindir los contratos de los profesores en junio para volver a activarlos en septiembre y ahorrarse así el abono de las nóminas en los meses estivales. En 2018, el Tribunal Supremo declaró ilegales los despidos de profesores interinos en verano y más recientemente, en 2023, la Audiencia Nacional falló contra el uso del contrato fijo discontinuo entre el profesorado. Sin embargo, en el sector privado continúa usándose esta modalidad contractual, concentrando un elevado porcentaje de las bajas veraniegas pese a que son las administraciones públicas las que emplean al mayor número de docentes.
Los microdatos de la Seguridad Social revelan que la mayoría de los trabajadores que pierden su puesto en el sector educativo público en verano son interinos, que son los que no tienen plaza fija y se incorporan a los centros cuando los necesitan. En este caso, que cobren una nómina durante los meses de julio y agosto depende de los meses que hayan trabajado previamente y ese umbral lo fijan las comunidades autónomas. Mientras, el sector privado, entre centros y academias, fulmina principalmente contratos fijos discontinuos para después retomarlos en el reinicio del curso. Y lo sigue haciendo pese a la jurisprudencia en contra y a la vigilancia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Sanción de Europa
Con todo, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) pone el foco en el sector público ante la "inestabilidad" y el "abuso de la interinidad", al considerar que "gran parte" del empleo destruido en los meses de junio y julio en la educación "corresponden a personal interino en situación de suplencia o cubriendo una vacante que no ha cumplido el tope de meses que marcan las comunidades autónomas para tener derecho a vacaciones en verano". "Además, la escasez de plazas en oposiciones impide realizar proyectos educativos a largo plazo y el personal interino va rotando todos los años de centro en centro", denuncian desde el sindicato.
En las últimas oposiciones, celebradas el pasado 19 de junio, se convocaron 20.461 plazas para 140.000 candidatos. En este sentido, CSIF exige "la convocatoria de 35.500 plazas para reducir la temporalidad y de otras 45.778 adicionales (más de 81.000 plazas en términos generales) para paliar el déficit acumulado a lo largo de los últimos años y reducir así los altos niveles de interinidad en la educación". No en vano, el sector presenta una tasa de temporalidad de hasta el 49,5% en la enseñanza universitaria y del 33,4% en la no universitaria, en ambos casos muy por encima del máximo del 8% comprometido por el Gobierno con las autoridades europeas para el conjunto de las administraciones públicas.
El incumplimiento en esta materia, de hecho, ha derivado ya en una sanción de la Comisión Europea, que el pasado mes de julio congeló 626 millones de euros de los fondos asignados a España por abusar de la temporalidad en el sector público. Para desbloquear esa cantidad, el Ejecutivo se ha comprometido a adoptar medidas en un plazo de seis meses y prepara ya una reforma para limitar la contratación temporal, especialmente en los ámbitos con tasas más elevadas, como son la educación, la sanidad, donde supera el 50%, o la justicia, donde roza el 32%. De momento, ha lanzado una Oferta de Empleo Público (OEP) de 36.588 plazas, pero mientras tanto ha dejado caducar unas 10.000 plazas para funcionarios, agravando el abuso en la contratación de interinos al empujar a las administraciones a seguir tirando de trabajadores eventuales ante la falta de planificación en la gestión de personal.
Frenazo pese al tirón turístico
La educación ha sido el principal farolillo rojo de unos datos de empleo un tanto agridulces. De acuerdo con la información difundida ayer por los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, la afiliación creció en julio, pero lo hizo en apenas 4.408 cotizantes, lejos de la media histórica en esta época de tirón turístico. Mientras, el paro se redujo en solo 1.357 desempleados respecto a junio, una caída muy leve en comparación con años anteriores y que se produce en un contexto de crecimiento del número de parados en el sector servicios en pleno pico de actividad veraniega.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, achacó el peor comportamiento comparativo del mercado laboral en julio a un "cambio sustancial", ya que "desde la pandemia se están anticipando las contrataciones en los periodos vacacionales". Sin embargo, desde la CEOE enmarcaron la "preocupante ralentización en la creación de empleo y en la reducción del paro" en "una desaceleración de la actividad, marcada por la reducción de las horas trabajadas y la caída en la productividad por ocupado". Una situación que los empresarios describieron como "preocupante, especialmente si se tiene en cuenta que el número de desempleados en España supera los 2,4 millones de personas, con la tasa más elevada del entorno europeo".
En un comunicado, la patronal afirmó que "si se incluyen los demandantes con disponibilidad limitada o demanda específica, el desempleo alcanza los 2,97 millones de personas". En este sentido, desde la consultora de recursos humanos Randstad lamentaron el "débil" incremento del número de afiliados en el mes de julio, que calificaron como "el peor desde 2010" debido al aumento del número de demandantes de empleo hasta situarse en los 4,28 millones. "Pese a que el mercado de trabajo goza de buena salud en cuanto al ritmo de creación de empleo, no está siendo capaz de absorber el número de demandantes de empleo", advirtieron los analistas de Randstad.