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España ha perdido más de 1.000 millones de euros de los fondos europeos del Plan de Recuperación por no tramitar la reforma de la fiscalidad del diésel y abusar de la temporalidad laboral en el sector público. Por este último incumplimiento, Bruselas ha congelado 626 millones de euros. Para desbloquear esa cantidad, el Gobierno se ha comprometido con la Comisión Europea a adoptar medidas en un plazo de apenas de seis meses. Pero mientras promete a las autoridades comunitarias un plan para rebajar la temporalidad pública de manera exprés, ha dejado caducar unas 10.000 plazas para funcionarios, agravando el abuso en la contratación de interinos al empujar a las administraciones a seguir tirando de trabajadores eventuales ante la falta de planificación en la gestión de personal.
El hito 144 exigía la entrada en vigor de una ley para reducir el empleo temporal en las administraciones públicas. España lo cumplió inicialmente con el Real Decreto-ley 14/2021, que introdujo sanciones y responsabilidades por el abuso de contratos temporales. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó sentencias en 2024 que concluyeron que estas medidas no eran suficientemente efectivas ni disuasorias. La Comisión ha constatado que España no ha aprobado nuevas leyes que cumplan con los requisitos del TJUE y, por tanto, considera que el hito ha sido revertido y no puede considerarse cumplido, por lo que mantendrá embargados esos 626 millones de euros durante seis meses y, si antes de fin de año el Gobierno no ha corregido la situación, podrá retirar permanentemente ese dinero.
Los sindicatos recibieron la noticia el pasado lunes, 7 de julio, como una reprimenda sobre algo que tanto CCOO como UGT y CSIF han venido denunciando en los últimos años: que el Gobierno incumple reiteradamente el compromiso de reducción de la temporalidad en el sector público. Aunque firmó la puesta en marcha de un proceso masivo de estabilización de plazas de interinos -y ya se ha hecho fijos a más de 365.000 de los 300.000 prometidos- la tasa de temporalidad en el sector público continúa superando el 30%, triplicando de largo el compromiso del 8% adquirido, porque ante la falta de planificación en la gestión de personal y las plazas de empleo público que se anuncian y nunca se ejecutan, las administraciones siguen tirando de trabajadores eventuales.
Las Ofertas de Empleo Público (OEP) caducan a los tres años por ley. Lo que significa que, si en ese improrrogable plazo legal no se han ejecutado los procesos en su totalidad, se pierden las plazas que no se hayan convocado. De modo que, aunque el Gobierno haya aprobado ofertas récord en los últimos años, hasta superar las 40.000 plazas en 2024, difícilmente va lograr la estabilización laboral del personal si por el camino la Administración General del Estado (AGE) ha dejado que caduquen miles de plazas, como ha sucedido. La dilación excesiva de los procesos termina por dejar desfasadas las propias necesidades de personal en base a las cuales se diseñan las OEP y obliga a las administraciones a contratar interinos, alimentando la rueda de la temporalidad.
Desde CCOO denuncian que en los últimos años "no se han ofertado todas las plazas y los procesos se eternizan, lo que está dando lugar a que se cree una bolsa de interinos porque los procesos no se convocan en plazo". Además, fuentes del sindicato afirman que "hay atraso en la estabilización de personal en la Administración Local, la Enseñanza o la Sanidad". Según sus cálculos, solo en la Administración General del Estado estaríamos hablando de más de 5.000 plazas de acceso libre de funcionarios bloqueadas y de cerca de 4.000 en el personal laboral. Todas ellas correspondientes a los procesos de las OEP de 2022, 2023 y 2024, por tanto, o han caducado ya o están en proceso de caducar.
Según CSIF, en estos momentos hay 3.712 plazas de personal laboral de anteriores ofertas todavía pendientes de convocar. De estas, 1.600 son de la OEP de 2023, por lo que caducarían al año que viene. De personal funcionario estiman 4.090 plazas desiertas de anteriores convocatorias que están pendientes de acumular (la ley permite acumularlas a ofertas posteriores) y si no se hace, caducarán. Y otras 1.502 están todavía pendientes de convocar. "En definitiva, en total hay al menos 9.300 plazas de anteriores ofertas pendientes de cubrir solo en la AGE", advierten fuentes del sindicato que denuncian que "mientras la UE nos sanciona, nos permitimos el lujo de despilfarrar miles de plazas por la lentitud de los procesos selectivos".
El Gobierno se ha comprometido con las autoridades europeas a adaptar el hito 144 en los próximos seis meses. En concreto, el Ministerio de Función Pública va a actuar por dos vías: en el Proyecto de Ley Orgánica de reforma de las carreras judicial y fiscal (en tramitación urgente en el Congreso de los Diputados) y a través de enmiendas a la Ley de Función Pública, cuya ponencia se prevé constituir en septiembre.
Tal y como pudo adelantar EL MUNDO hace unas semanas, el plan del Ministerio pasa por limitar las modalidades de contratación temporal, especialmente en ámbitos como la Educación, la Sanidad o la Justicia, donde la eventualidad es muy superior, establecer un nuevo sistema de alertas tempranas e incorporar un régimen sancionador para castigar a las administraciones incumplidoras.