A estas alturas del año, 2026 está siendo de los más negros para el feminismo desde que el presidente, Pedro Sánchez, llegó a La Moncloa. Y el Gobierno -que arrastra una letanía de escándalos sexuales denunciados en el espacio de la izquierda, en el PSOE y en las instituciones; de disfunciones en los sistemas de protección de las víctimas de violencia de género; de leyes a las que se comprometen y no salen adelante...- intentará parchear la brecha que esto le abre con su electorado femenino y recuperar su apoyo invitándolas a unirse al No a la guerra. De ahí que hoy, por el Día Internacional de la Mujer, cuando miles de personas se echen a las calles en las numerosas manifestaciones convocadas a lo largo y ancho del país, se proteste contra el belicismo actual.
"El 8-M saldremos a la calle para defender la paz", aseguró ayer la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en una publicación de X. La estrategia antibelicista que está impulsando el Gobierno podría servir, además de para reactivar al votante de la izquierda, para paliar la volatilidad del voto femenino que desde diciembre, según las proyecciones de ese mes que realizó Sigma Dos para EL MUNDO, acusa el partido. Ya entonces, con una participación similar a la de 2023, el sondeo advertía de que el partido se estaría dejando el voto de más de 162.000 mujeres. Un desgaste de gran calado, pues el 28% de sus votantes el 23-J fueron mujeres, frente al 23%, que fueron hombres.
Esta pérdida podría agravarse. Sobre los escándalos, tanto Redondo como el propio Sánchez vienen insistiendo durante los prolegómenos de este 8-M en que "la diferencia no es que exista o no el problema; es cómo se responde cuando aparece", dijo el presidente en el acto institucional del Día de la Mujer.
Este año se han conocido nuevos casos de acoso, nuevas agresiones; otros viejos han vuelto a saltar a la palestra: la causa contra el ex diputado de Sumar Íñigo Errejón se ha reactivado después de que una segunda mujer presentase a finales de febrero una nueva denuncia.
Pero la credibilidad de la izquierda, y sobre todo la del Ejecutivo, lleva ya tiempo en entredicho. Desde Tito Berni a los mensajes que intercambiaban Ábalos y Koldo sobre prostitutas, pasando por el caso Salazar, las denuncias contra el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional y otras tantas a cargos socialistas por toda España, la reacción del PSOE ha sido tardía y, en ocasiones, indulgente.
Es el caso del ex dirigente socialista Paco Salazar, contra el que se presentaron denuncias por acoso sexual que no fueron atendidas hasta cinco meses después. Es uno de los casos que más ha erosionado el apoyo femenino al espacio socialista. Incluso más cuando saltó a la conversación pública que las denuncias llegaron a desaparecer del canal interno del partido y se desatendió a las trabajadoras de La Moncloa que las presentaron. Entremedias, la líder del PSOE de Aragón y ex ministra de Educación Pilar Alegría se reunió para comer con el acusado, limitando el encuentro a su "ámbito personal" y desencadenando una crisis de credibilidad que se ha extendido por todo el partido.
Por si fuera poco, la titular de Igualdad fue la ministra cuya valoración más descendió en 2025 a tenor del escándalo por los fallos en las pulseras antiagresores, desvelado en la Memoria Anual de la Fiscalía 2024, que condujo a la reprobación de Redondo en el Congreso. El servidor volvió a caerse el 11 de noviembre de 2025; el pasado viernes, casi tres meses después, Ministerio sancionó a Vodafone, la empresa adjudicataria del servicio, con una multa de 25.000 euros. Y también se detectaron fallos en el Sistema Cometa, encargado de estos dispositivos.
Este tipo de negligencias son aún más importantes si tenemos en cuenta los asesinatos en el ámbito de la pareja o ex pareja en lo que va de 2026: 10 mujeres y dos menores. La cifra supera las nueve víctimas de 2023, las cinco de 2024 y las tres de 2025, todas ellas contabilizadas hasta el 23 de febrero de cada ejercicio. Una escalada espeluznante ante la que resuenan las múltiples reivindicaciones para reforzar la protección a las víctimas.
A todo ello se suman los debates políticos pendientes, como la prohibición del burka -el PSOE votó en contra de la iniciativa de Vox para después abrirse a debatir la misma, aunque presentada por Junts-, y las iniciativas legislativas enquistadas. Por ejemplo, la ley contra la violencia vicaria debe aún pasar la segunda vuelta en el Consejo de Ministros. Otras presentadas como "prioritarias" por Redondo en septiembre, como las leyes contra la trata y la abolición de la prostitución, ahondan en la división del movimiento feminista. Y generan, por cierto, descontento con la ministra, que planea exigir a las entidades solicitantes de subvenciones para programas de prevención e investigación sobre las violencias contra las mujeres que reconozcan expresamente que la prostitución es "violencia contra las mujeres". Un malestar generalizado opacado por el no a la guerra.