Las capitales europeas han acordado este miércoles, tras casi 24 horas de negociación, un acuerdo para reducir en un 90% las emisiones de CO2 respecto a las cifras que se registraron en 1990. Un "objetivo vinculante", según han insistido la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y el comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra. Y que permite a Europa llegar a la inminente COP30 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2025) que se celebra en la ciudad brasileña de Belém con un objetivo común y "ambicioso". Pero que, al mismo tiempo, encierra una notable flexibilidad que puede rebajar el dato de reducción de emisión hasta el 80%.
Porque el acuerdo contempla que los países podrán recurrir en una suerte de formato de 5%+5% a lo que se denominan créditos internacionales de emisión. Estas herramientas permiten, básicamente, que un país emita más del máximo establecido a cambio de que invierta en proyectos que mitigan el cambio climático como puede ser, por ejemplo, la reforestación o las energías renovables.
Estos proyectos tendrían que llevarse a cabo fuera de la Unión Europea, y el objetivo es que las emisiones netas de ese país se queden a cero. Esto es, una nación emite un tanto por ciento más pero, al mismo tiempo, paga intervenciones que son favorables para el medio ambiente. Comprar la posibilidad de contaminar más.
El formato 5%+5% responde a que el 5% inicial se aplicará de manera directa si un país lo pide. Con esta cifra, el texto ya apunta que el objetivo de reducción nacional quedaría en el 85%. Y el segundo 5% se explica con una cláusula de revisión adicional, que rebajaría la cifra hasta ese 80% de reducción real.
"Tenemos una cláusula de revisión en función de la madurez de las tecnologías, de las barreras, de las oportunidades, de las circunstancias en el contexto europeo, en pro de la competitividad. Todo, todo puede ser sujeto a esa cláusula de revisión", ha explicado Aagesen, que ha insistido en que esta cláusula no tendría por qué aplicarse. La vicepresidenta ha insistido en que el objetivo es del 90%.
Pero fuentes diplomáticas señalan que las flexibilidades son evidentes y que la presión de Italia ha tenido mucho que ver en ellas. De hecho, el ministro Medio Ambiente y Soberanía Energética, Gilberto Pichetto Fratin, ha insistido en que se ha acordado dar esa flexibilidad del 5% inicial más un 5% adicional. El primero, apuntan en Bruselas, sería sobre los objetivos internacionales y el segundo, sobre los nacionales. Un tecnicismo para explicar que una parte se descuenta de los objetivos conjuntos y otro, de los de cada país, pero que a fin de cuentas da como resultado ese formato 5%+5%.
Cuatro países en contra
Un acuerdo tan relevante como el hoy alcanzado, y que debe ser todavía ratificado por el Parlamento, debe incluir a los grandes países. No es una obligación, ya que la mayoría exigida es cualificada, esto es, un 55% de países que representen el 65% de la población. Pero sí es una práctica habitual y se ha tratado de que Italia, efectivamente, estuviese dentro.
Finalmente, el documento ha sido rechazado por cuatro países: Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia. El Gobierno, por su parte, ha subrayado el "papel de liderazgo de España en la ambición y liderazgo junto con un grupo de países afines". "En total 12 países se han mostrado muy unidos, entre los que destacan y han estado participando muy activamente Suecia, Países Bajos, Alemania y Finlandia", ha subrayado Aagesen.