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La injustificable tardanza de once años para la celebración del juicio al pope del nacionalismo catalán, Jordi Pujol, y a su avispada prole en el sector de los negocios más o menos inconfesables, ha convertido a uno de los procesos de mayor trascendencia de la democracia española -por lo que fue y significó Pujol en Cataluña y España- en una incómoda losa para casi todos los implicados, directa o indirectamente.
Empezando por la Audiencia Nacional, que debe afrontar un juicio con alta carga política y sentimental -Pujol fue socio, aliado y hasta «español del año» para muchos que hoy le señalan y claman culpable- en el peor momento posible: con el Gobierno en plena ofensiva contra el poder judicial, al que acusa de quinta columna franquista, tras la condena del fiscal general.
A ello se suma un establishment catalán que ya ha sentenciado el caso Pujol como una venganza contra Cataluña y su viejo «virrey». Estaríamos, pues, ante un epílogo innecesario a la «injusta» condena del procés y un último ejemplo de lawfare que se encarniza con un «pobre anciano» que, si bien pudo tener algo de dinero fuera -«¿y quién no?»- y toleró las correrías de sus hijos, dejó una herencia muy superior: la construcción de la Cataluña contemporánea. Una obra política y social que debe prevalecer sobre los «pecadillos» domésticos que pudo cometer mientras trabajaba por el bien de todos los catalanes.
El juicio a la «sagrada familia», que algunos vaticinaron que no se iba a celebrar nunca, tampoco le conviene a la actual campaña urgente de blanqueo institucional de Pujol, en la que el presidente socialista Salvador Illa ejerce de destacado émulo y aspirante a heredero. Esta operación se aceleró en 2019, cuando el votante nacionalista, asumiendo el fracaso del procés y huérfano de líderes por la fuga de Puigdemont y la pérdida de credibilidad de Junqueras, buscó en el pasado un referente y se entregó de nuevo a Pujol.
Una novela exculpatoria del president que corre ahora el riesgo de que los testimonios y pruebas de la acusación acaben diluyendo en los próximos meses la propaganda nacionalista y rebrote en muchos catalanes la misma indignación que sintieron tras la confesión de Pujol en 2014 sobre el dinero oculto en Andorra.
Aunque sea menos obvio, el tercer actor incómodo es Pedro Sánchez, si se acaba viendo reflejada su deriva autoritaria, de manera demasiado grosera, en el espejo de Pujol. El catalán representó todo aquello a lo que aspira el sanchismo: un liderazgo caudillista que moldeó su «país» a su antojo, sin apenas oposición tras años de purgas y compra de voluntades, y con unos medios públicos y subvencionados que se dedicaron a loar el «oasis catalán» mientras ocultaban sus pestilentes aguas corruptas.
Pujol fue un tahúr precoz, como demostraron Manuel Trallero y Josep Guixà en su ensayo Todo es mentira (1930-1962), que se ganó dos décadas de impunidad tras rebelarse contra su procesamiento en el caso Banca Catalana, sacando a la calle en 1984 a una multitud de exaltados en nombre de la soberanía popular de Cataluña y logrando que el Estado de derecho se amoldara a sus necesidades particulares. En definitiva, el pujolismo fue un modelo de autocracia tolerada y exitosa muy parecida a la que, poco a poco, se aproxima Sánchez.