Ya cinco días antes de la Diada, el independentismo admitía que alcanzaba el 11 de septiembre en su momento de «máxima depresión». Fue Lluís Llach, presidente de la ANC, quien realizó el crudo y acertado diagnóstico hoy confirmado. Sólo 28.000 separatistas se han manifestado en Barcelona, según el Ayuntamiento, por los 60.000 que lo hicieron el pasado año en la capital catalana. En toda Cataluña, se han congregado 41.500 personas, frente a las 73.800 de la anterior edición.
Las grandes manifestaciones del procés -que tocaron techo en 2014 con 1,8 millones de participantes- se vislumbran demasiado lejanas y la capacidad de movilización de partidos y entidades separatistas continúa menguando para volver a convetir la concentración independentista del 11 de septiembre en un festejo residual, como ocurría antes de que, en 2012, el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, arengara a los catalanes a lanzarse a las calles para marchar contra el Estado español, después de haber fracasado en su intento de chantaje al presidente del Gobierno, el popular Mariano Rajoy, quien se negó a conceder el pacto fiscal a Cataluña.
Hoy, en La Moncloa habita un colaborador del secesionismo, no un oponente contra el que sublevarse. Pedro Sánchez otorga al nacionalismo catalán tantas concesiones como le son solicitadas para que continúe sosteniendo la agónica legislatura del PSOE (ahí están los indultos, la amnistía o el embrionario concierto económico) y eso lleva al separatismo a carecer de más horizonte que el saqueo continuado a ese Estado del que sigue prometiendo querer separarse en una fecha indeterminada.
A pesar de que acudía con el paradójico lema Más motivos que nunca, el independentismo catalán llegaba a la Diada sin una meta reconocible. Comparecía por obligación, para cumplir con su trámite anual de reafirmación política y social, pero, en el último momento, dio con un enemigo al que señalar. De nuevo, la Justicia y, de nuevo, por la negativa de los magistrados a tragar con el arrinconamiento del castellano en los colegios de la región. Que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anulase el miércoles los principales artículos del decreto de la Generalitat que blindaba la inmersión lingüística fue pretexto suficiente para volver a poner a los jueces en la diana y para dotar de contenido a una Diada vacua.
A ese argumento postrero se ha agarrado el separatismo. Al alba, durante la tradicional ofrenda floral al mártir Rafael Casanova, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha llamado a movilizarse contra «un Estado que está dispuesto a hacer lo que haga falta para atacar el nervio de la nación, como es la lengua». El presidente del Parlament, el también neoconvergente Josep Rull, ha reclamado «firmeza y determinación en defensa del catalán» porque «está en peligro y el TSJC ha decidido ponerlo en aún más riesgo». «Cataluña necesita un Estado propio que la defienda y no un Estado en contra que la ataque», ha añadido Carles Puigdemont, en mensaje remoto remitido desde Waterloo. Por su parte, la número dos de ERC, Elisenda Alamany, ha urgido a actuar para que el catalán «siga siendo la lengua mayoritaria».
Pero no se ha encontrado solo el independentismo. El PSC ha secundado su ataque a los jueces por defender la coexistencia del castellano y el catalán en Cataluña. Como Turull, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha apelado al «nervio nacional» y ha sostenido que «Cataluña es una nación por su Historia y por la lengua que la cohesiona». Después, el alcalde de Barcelona, el también socialista Jaume Collboni, ha lamentado la «incomprensión y a veces hostilidad que sufre» el catalán; idioma, ha dicho, que «une» a toda la población de Cataluña.
El PSC -que no ha participado en la manifestación que ha recorrido por la tarde las calles de Barcelona- ha dado con un común denominador para festejar el 11 de septiembre junto a los secesionistas. Los socialistas catalanes se encuentran cómodos en la defensa del monolingüismo en catalán, como prueba que en 2022 diseñaran y aprobaran junto a Junts y ERC la ley que bloqueó la aplicación de la sentencia del TSJC que obligaba a impartir un 25% de castellano en todos los centros educativos de Cataluña. La interesada fraternidad exhibida entre los independentistas y el PSC anticipa la reacción del Ejecutivo de Salvador Illa a una eventual sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que tumbe esa norma y conduzca a la aplicación del 25% de español. «El catalán tiene que continuar siendo la lengua propia del país», sostuvo el miércoles el president en su discurso de la Diada, lo que permite augurar un frente unitario con el independentismo para sortear el cercano fallo del TC.
Ante la decreciente masa independentista que ha logrado congregar, Llach ha tomado hoy la palabra -con una evidente y simbólica afonía- para exigir a Illa que desacate si la inmersión es tumbada por el tribunal de garantías: «Exigimos a nuestras instituciones que no permitan que la obsesión de un juez dinamite nuestra escuela. Desodebezcamos en las aulas, en las calles y en las instituciones. Nadie nos tiene que decir en qué lengua debemos hablar».
Este año se ha producido la primera participación en los fastos de la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols. La alcaldesa de Ripoll fue la protagonista de la concentración que se produce cada año en la víspera del 11-S en el Fossar de Les Moreres, la cripta de los caídos en la Guerra de Sucesión en 1714. Fracasó un intento de boicot de las juventudes de la CUP, que sólo lograron aglutinar a una veintena de personas contra Orriols. Sin altercados que la obstaculizaran, la dirigente xenófoba proclamó entonces: «La identidad catalana no se borrará ni a golpe de porras ni de pateras».
Ya hoy, la jefa de filas de Aliança Catalana ha vuelto a desafiar el veto del resto de partidos a su presencia en la Diada, que ha acabado por normalizarse. Desde el interior de la manifestación de Barcelona ha defendido que acudía a «dar la cara ante los sectarios que quieren echar a una parte del independentismo». A una parte tan racista como pujante del secesionismo, pues el CIS catalán concede ya a Aliança hasta 11 diputados en el Parlament, por los dos que tiene en la actualidad.
El gran ausente fue, de nuevo, el líder de ERC, Oriol Junqueras, quien se resiste a participar en la concentración organizada por la ANC, que castigó con dureza a los republicanos por su alianza con Sánchez cuando sólo ellos la practicaban y que también cargó contra su partido cuando apoyó la investidura de Illa como president hace poco más de un año. Esa traición, aún no perdonada, hacía pensar que Junqueras fuera recibido con hostilidad en la concentración. Un escenario que ha preferido evitar.