El desmantelamiento del OCON Sur, el Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico para el Estrecho de Gibraltar (creado en 2018 ante el repunte de las mafias y disuelto en septiembre de 2022), ha provocado un descenso de las intervenciones en la comarca, según las denuncias de los fiscales de zona que vienen recogidas en la Memoria del Ministerio Público correspondiente a 2023, donde se alerta de la «escandalosa proliferación» de narcolanchas, con hasta 230 de estas embarcaciones avistadas en sólo seis meses.
La actividad de los narcos se ha ido desplazando en los últimos años hacia las provincias de Málaga o Huelva. Esa podría ser una de las razones, según los fiscales, del descenso de las intervenciones. Pero también apuntan a la menor presión policial tras el desmantelamiento del OCON Sur, «que se refleja en un número menor de incoación de nuevos procedimientos penales y en el descenso de las investigaciones contra organizaciones criminales». La memoria recoge a estos efectos la denuncia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre el «gran número de embarcaciones de alta velocidad avistadas desde Barbate hasta Sanlúcar de Barrameda sin que exista capacidad suficiente para poder abordarlas».
Desde la prohibición de las narcolanchas en 2018, no se ha producido ningún cambio legislativo que permita agilizar y facilitar la persecución policial y judicial del narcotráfico, recuerda en su informe anual el Ministerio Público, que demanda esa agilización para la destrucción de las embarcaciones decomisadas al igual que en su día se agilizó la destrucción de la droga, permitiendo que su eliminación se realizara por la vía administrativa siempre que no hubiera una indicación judicial en contra. Y el Ministerio Público ha advertido también del riesgo de robo en los espacios saturados donde se acumulan las grandes embarcaciones: hay 380 grandes lanchas en los almacenes policiales de Cádiz (el Puerto de Santa María y Algeciras).
Recuerda el informe que estas embarcaciones no pueden venderse al tratarse de un "género prohibido" ni en general suelen ser objeto de uso por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque "no se consideran idóneas para su trabajo". Reutilizar las narcolanchas incautadas obligaría a costosas intervenciones de puesta a punto y homologación técnica para las que no suele haber presupuestos ni mecánicos que lo hagan posible, según han denunciado en muchas ocasiones los sindicatos policiales.
Como consecuencia de ello, "se acumulan en distintos puertos, se dan retrasos en las tasaciones, en la autorización de destrucción por parte de los juzgados, de forma que los gastos de almacenamiento y destrucción son muy elevados", dice el Ministerio Público. "Además, se genera un riesgo comprobado de robos y vuelta al mercado de motores de gran valor". A principios del año 2024 estaban depositadas en el Puerto de Santa María unas 80 embarcaciones y unos 150 motores que se suman a casi 300 embarcaciones en Algeciras.
Contra los petaqueros
Los fiscales demandan igualmente que se prohíba el almacenamiento de combustible en grandes cantidades siempre que no haya una autorización administrativa. De esta forma, se podría actuar contra los «petaqueros», cuya función es vital para el suministro a las narcolanchas, ya que éstas evitan entrar en puerto para repostar y buscan refugio en Marruecos, en aguas internacionales o en Portugal.
La tipificación del almacenaje de gasolina -sugiere la Fiscalía General- serviría de herramienta de disuasión ya que, de otra forma, resulta difícil de demostrar que el combustible se destina al suministro de las narcolanchas dedicadas al tráfico de drogas. "Sólo en ocasiones se logra imputar una infracción administrativa y la imposición de una multa que, dado el perfil de los petaqueros, no llega a pagarse nunca. A la par, se genera otro problema por el almacenamiento de la gasolina incautada administrativamente que permanece almacenada en lugares que en muchos casos no están debidamente habilitados para ello y que, cuando no se han incautado en procedimientos penales, no llega a poder ser utilizada o vendida para beneficiar a la lucha contra el narcotráfico".
El informe del Ministerio Público recuerda que las narcolanchas siguen siendo el instrumento principal para el traslado de hachís desde Marruecos y «proliferan por toda la costa, especialmente aunque no solo, en el Estrecho, y son visibles a plena luz del día o por la noche en el Guadalquivir y en puertos deportivos o muelles pesqueros».
"Las redes sociales y cualquier medio de comunicación muestran el atrevimiento en la exhibición de estas narcolanchas por parte de los narcotraficantes y la violencia con la que en más de una ocasión embisten a las embarcaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como lo demuestra el asesinato de dos guardias civiles en Barbate en febrero de 2024, que constituye uno de los episodios más lamentables, tristes e inadmisibles que se recuerdan, y muestra la impotencia del Estado ante unas redes criminales que deben ser inmediatamente desarticuladas".
Además, apunta que las narcolanchas se utilizan no sólo para el transporte de hachís sino, cada vez más, de otras sustancias que llegan desde embarcaciones nodrizas, y también de inmigrantes, "con incidentes lamentables como lo ocurrido en la zona de San Fernando, donde fallecieron 4 de ellos tras ser arrojados al mar".
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -recuerda la Fiscalía- denuncian "la carencia de medios para el abordaje y detención de estas embarcaciones ultrarrápidas que suelen llevar varios motores de 350 cv de potencia; cuentan con sistemas de navegación y comunicación altamente sofisticados y se esconden o encuentran abrigo en aguas internacionales, en Marruecos y también en Portugal, donde estas embarcaciones no son de ilícito comercio".