España ocupa las primeras posiciones de Europa en muchas clasificaciones deshonrosas, como el paro -general y juvenil, pese a la mejora histórica-, el abandono escolar o la economía sumergida, que ronda el 20% del PIB. Esta última, además de materializarse en el clásico "¿con o sin factura?", está instalada en nuestro mercado laboral, con muchos empleos no declarados y personas trabajando en B, sobre todo en sectores como la hostelería, la construcción, el campo, el cuidado doméstico o el transporte. Curiosamente, son las actividades en las que se suele emplear la mano de obra extranjera.
La decisión del Gobierno de regularizar de forma extraordinaria a medio millón de personas de fuera que ya viven en España reducirá automáticamente la economía sumergida. Personas que no cotizaban a la Seguridad Social intentarán optar a puestos de trabajo en regla, lo que dificultará la cobertura de los que se hacen en negro.
Hay que tener en cuenta, además, que los migrantes suelen tener menos restricciones de movilidad que los autóctonos -son muy pocos los españoles que aceptan cambiar de residencia para buscar un empleo-, lo que favorecerá el match entre oferta y demanda y reducirá el número de vacantes sin cubrir. Esto, no obstante, puede tener efectos colaterales negativos, ya que las ciudade más dinámicas del país, con más oportunidades laborales, continuarán su camino hacia la saturación. Es el caso de Madrid o Barcelona, donde los servicios públicos no son suficientes para la cantidad de residentes -quien escribe tuvo que buscar otro hospital ya de parto porque no había hueco en el suyo, público, pese a que cada vez nacen menos niños- y donde la oferta de vivienda, en propiedad o de alquiler, no cubre ni de lejos el crecimiento de la demanda.
La regularización de extranjeros tendrá efectos positivos en la economía a corto y medio plazo, tanto por la vía de empleo declarado como por la de aumento de ingresos públicos, pero podría comprometer más gasto en el futuro para asegurar los derechos conquistados y acomodar las infraestructuras y servicios, y tensionar más aún el mercado de la vivienda. En lo social, supone reconocer derechos a personas que ya vivían aquí -"Es justicia social", dijo ayer la Conferencia Episcopal-. El temido efecto llamada ha sido descartado por varios estudios, aunque habrá que esperar para ver si esta vez tampoco se cumple.