Tres años de retraso. El Gobierno incumple consigo mismo y tiene "aparcada" una de sus "medidas estrella" en la lucha contra la violencia de género en el ámbito de la Administración General del Estado: un plan de apoyo y asesoramiento a las víctimas. La denuncia la hace la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que subraya que el mandato para su puesta en funcionamiento surge del III Plan de Igualdad para la administración, que fijaba como fecha tope para estar vigente en diciembre de 2021. Pero nada de eso ha sucedido todavía.
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre, el sindicato mayoritario en las administraciones públicas alerta de los incumplimientos del Gobierno en su propio ámbito de actuación, en su casa, como es garantizar el asesoramiento y la ayuda a las empleadas públicas que sufren violencia de género.
Ese plan tiene por objetivo "atender, asesorar y acompañar" a esas mujeres que son víctimas. Sin embargo, hoy sigue sin ser una realidad a pesar de que el plazo para su puesta en marcha era "durante el primer año tras la aprobación" del III Plan de Igualdad en la Administración. Éste salió publicado en el BOE el 29 de diciembre de 2020.
"La medida", tal y como describe ese plan de igualdad aprobado con la socialista Carolina Darias de ministra de Función Pública (ahora el titular es Óscar López), "pretende favorecer el acompañamiento de las víctimas en el ámbito laboral, facilitándoles desde el primer momento un entorno seguro, siendo asistida por asesores, psicólogos y otros profesionales que le informarán sobre sus derechos, proceso judicial y acompañamiento en el caso de la denuncia".
"Pues bien", lamenta ahora CSIF, "el Gobierno ha sido incapaz de poner en marcha esta medida en un ámbito de su plena competencia", dado que lo ha dejado "sin desarrollo" y, por tanto, "incumpliendo" uno de los compromisos más destacados que había asumido para sí mismo en la erradicación de la violencia machista en el entorno de la Administración.
La medida es importante porque pretende ofrecer a la mujer "un entorno seguro" que le "asesorará, acompañara y ayudará" en la toma de decisiones, siendo asistida por personas especializadas en esta materia. Además es importante su papel en el proceso judicial para acompañar a la víctima en el caso de que quiera interponer una denuncia contra su agresor.
La directriz del plan mandataba a su vez a incluir en ese plan las "pautas sobre cómo actuar en aquellas situaciones en las que la víctima y el agresor comparten centro de trabajo". Una medida que viene recogida en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La número 123.
Desde CSIF subrayan la relevancia de poner en funcionamiento ya ese plan porque ayudará mucho a personas que están en una situación muy vulnerable. Entre las muchas vertientes, también hay un efecto en el entorno laboral que puede requerir en ocasiones hasta cambiarse de localidad.
DATOS "PREOCUPANTES"
Por otra parte, CSIF alerta de otros hechos "preocupantes" en la lucha contra la violencia machista. El número de contratos bonificados y de sustitución por violencia de género disminuyeron "un 40%" en 2023 respecto al año anterior en todo el mercado laboral español, según los datos oficiales recabados por el sindicato. Esto significa, según advierte, que las mujeres afectadas "no están recibiendo el apoyo necesario" en el ámbito laboral.
Este tipo de contratos son una herramienta importante para las víctimas. El bonificado busca fomentar que estas mujeres puedan acceder de manera prioritaria a un trabajo, de modo que adquieran la independencia económica necesaria para rehacer su vida. Para ello la empresa que las contrata de cero tiene derecho a bonificaciones en sus cotizaciones. Es un incentivo económico que trata también de combatir la estigmatización que sufren las víctimas de violencia de género. El problema es que muchas empresas desconocen esos beneficios a la hora de contratar estos perfiles.
El otro contrato, el de sustitución, también tiene su relevancia porque permite a las víctimas tomarse un tiempo con la garantía de que pueden reincorporarse después a su puesto. Por ejemplo, ese parón temporal permite a las mujeres recuperarse de las consecuencias físicas y psicológicas de las agresiones sufridas o encarar un proceso judicial.
Una de las principales reclamaciones que hace CSIF, y con la que vuelve a la carga este 25-N, es la puesta inmediata de la figura del delegado sindical especializado en igualdad y contra la violencia de género. Es decir, que exista una figura con una formación específica y con la necesaria sensibilidad para abordar todas las cuestiones que tienen que ver con la igualdad en los ámbitos laborales. Esto implica ir más allá de la violencia de género. Tiene que ver también con el acoso sexual, la brecha salarial o la conciliación de la vida familiar.
Ese delegado sería el referente para los trabajadores para todos esos temas. La persona indicada para informarles sobre sus derechos. En el caso de la violencia de género puede asesorar sobre múltiples cuestiones, como los protocolos que existen para denunciar, la movilidad en el puesto de trabajo, los cambios de horarios para las víctimas o cómo hacer si se tiene un juicio.
Otro dato que subraya CSIF es que se han multiplicado por cuatro los quebrantamiento de las medidas de protección respecto al número de víctimas en el periodo comprendido entre 2013 y 2023. Un quebrantamiento significa que las personas condenadas no están cumpliendo con las medidas que le fueron impuestas
"Esta evolución exige un análisis para detectar en qué estamos fallando a la hora de proteger a las víctimas", dice el sindicato, que se pregunta si lo que está pasando es que falta personal en la administración que controle esto.