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En la vastísima provincia de Teruel, Zaragón es una palabra recurrente cuando se les pregunta por un diagnóstico de la gestión autonómica. Con esa ironía cansada se refieren al Gobierno de Aragón quienes llevan décadas percibiendo un poder concentrado en Zaragoza y un abandono incesante. Un desgaste que ha ido empujando a la provincia a un sacrificio sin épica, sostenido casi exclusivamente por la voluntad de sus alcaldes y de quienes aún resisten allí.
Acostumbrados a verse expoliados y despojados de sus recursos, no sorprende -como explica Joaquín Moreno, alcalde de Utrillas, en la comarca de Cuencas Mineras- que en esta campaña electoral líderes nacionales como Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez o Santiago Abascal hayan hecho su particular romería por la provincia. Buscan votos en unas comarcas donde durante años apenas quedó nada por rascar, salvo la voluntad popular.
En 2023, el mapa electoral dejó constancia del hartazgo. Una nítida franja, de norte a sur, se tiñó de aragonesismo y provincialismo: 56 de los 236 municipios turolenses (el 23,7 %) optaron por el Partido Aragonesista (PAR) o Teruel Existe, castigando a los grandes partidos. Aunque las encuestas auguran una pérdida de representación en las Cortes de Aragón (de 1 a 0 escaños el PAR y de 3 a 2, Teruel Existe), en estas zonas el diagnóstico es inequívoco. «PP y PSOE son lo mismo. Seguimos a flote gracias a los gobiernos municipales», resumen Javi y Marta, emprendedores agrícolas de Alloza, en la comarca de Andorra-Sierra de Arcos.
Una visión compartida también por Joaquín Moreno. Este alcalde reconoce la importancia de la «iniciativa municipal» en los pueblos turolenses para seguir siendo resquicios de vida en medio de un territorio castigado por la despoblación y la falta de inversiones. Unas carencias a las que les ha crecido un paisaje a juego. A muchos de estos pueblos, las carreteras llegan como auténticas cicatrices de asfalto que, además, la actividad industrial y el desinterés de los grandes políticos se encargan de que continúen. «En Aguaviva, al día, pasan más de 700 camiones por su carretera para llevarse la arcilla que se extrae. Calculándolo, es un camión cada dos minutos», explica Moreno sobre una situación que la pasada semana también denunció el cabeza de lista de Teruel Existe, Tomás Guitarte. Pero el aislamiento de Teruel ya no se mide solo en kilómetros de asfalto mal mantenido. También se contabiliza en vías férreas que desaparecen del mapa. Las líneas de tren se apagan una tras otra, y con ellas se diluyen las conexiones naturales con provincias vecinas como Castellón.
Ese mismo desamparo se reproduce en los servicios esenciales, con especial crudeza en la sanidad. En Teruel se han construido dos hospitales públicos -el de Alcañiz y el de la ciudad de Teruel- que, a día de hoy, siguen sin abrir sus puertas. Mientras tanto, los pacientes oncológicos se ven obligados a recorrer cientos de kilómetros para recibir tratamiento, un peregrinaje sanitario que añade desgaste físico, costes económicos y una carga emocional. Un contraste que se hace aún más hiriente cuando se observa el avance de la sanidad privada. Mientras el hospital público de Teruel permanece cerrado, en Zaragoza el Hospital Quirónsalud abrió sus puertas en enero de 2025 tras poco más de dos años de obras, iniciadas en septiembre de 2022, apenas un año después que las del centro turolense. Además, en comarcas como Cuencas Mineras, los pueblos carecen de UVI móvil propia y dependen de dos unidades para todo el territorio.
Cuando parece que ya se ha pagado suficiente peaje por seguir habitando esta tierra, surge una nueva penitencia: aerogeneradores destinados a encumbrar las cimas que rodean los municipios, dibujando sobre el horizonte una suerte de corona de espinas moderna. Teruel cuenta ya con 17 centrales eólicas en funcionamiento y nuevas empresas internacionales llaman a la puerta. Entre ellas, Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), que define a España como un «mercado prioritario» y negocia la compra de hectáreas a propietarios locales para ampliar estos proyectos, incluso en espacios protegidos de la Red Natura 2000, como ocurre en el Maestrazgo que vive, en buena medida, del turismo ligado al paisaje. «En la carta te ofrecen 1.500 euros anuales por la hectárea -que tú compraste por unos 4.000¤- a 25 años. Es tal el supuesto beneficio que puedes ganar que sospechas, porque si tú ganarías eso, ¿cuánto dinero hará esa empresa?», dice Francisco.
Estos proyectos suelen presentarse como una promesa de empleo, aunque la experiencia invita a moderar el entusiasmo. La creación de puestos de trabajo es, en la práctica, limitada, mientras que las necesidades del territorio son otras, más persistentes. Lo que se reclama no es una solución espectacular, sino incentivos estables que consoliden las empresas que ya existen y atraigan otras, como coinciden Moreno y la alcaldesa de Alloza, Marta Sancho.
Ambos son conscientes de que ese tipo de propuestas debe sostenerse en instrumentos concretos, conocidos y aplicables. Hablan, en concreto, de las llamadas Ayudas al Funcionamiento, autorizadas por la Comisión Europea desde abril de 2021, que permiten reducir hasta un 20% los costes laborales en municipios de menos de 5.000 habitantes. «En Teruel podrían aplicarse prácticamente en todos los pueblos, salvo contadas excepciones», explica Moreno. Con ellas, provincias como Soria, Cuenca y Teruel son las únicas que podrían beneficiarse de este mecanismo para reforzar su tejido industrial y poblacional, aunque, por ahora, su aplicación en España «apenas alcanza el 1%».
Utrillas, con 3.145 habitantes según los últimos datos del INE, ofrece un ejemplo poco habitual en la provincia. Allí, una gestión municipal basada en la escucha y en el apoyo a las empresas locales ha logrado no solo sostener actividad económica, sino también atraer población, propia y llegada de fuera. En su polígono industrial, donde varias factorías dan trabajo a cerca de 500 personas, se encuentra la planta de prefabricados Francisco Hernández S. L.
En esa nave trabaja desde hace más de tres años Daouda Traore, originario de Senegal y hoy asentado en la vecina Calamocha. Antes vivió quince años en Barcelona, pero el cambio le resulta evidente. «Aquí soy más feliz», dice. «La vida es más tranquila y ha sido más fácil encontrar trabajo».
Desde Utrillas, Joaquín Moreno trata de sostener y reactivar el municipio a base de decisiones concretas. «Existe un problema de vivienda y, además, de buscar soluciones sobre nuevas obras, se decidió rehabilitar y reformar el antiguo cuartel para transformarlos en viviendas», apunta.
Pero junto a la vivienda, la falta de seguridad se ha instalado como otra preocupación compartida. En Alloza, Javi recuerda cómo la semana pasada robaron en la casa de enfrente a plena luz del día: «Aquí solo hay policía municipal; la Guardia Civil tiene que venir desde otros puntos de la comarca». En Utrillas, el escenario no es muy distinto. Las plazas de la benemérita continúan sin cubrirse y apenas media docena de agentes permanecen en activo. En noviembre, el ministro Fernando Grande-Marlaska inauguró el nuevo cuartel prometiendo una seguridad «esencial e imprescindible» para el desarrollo del territorio. Meses después, el edificio funciona; la plantilla, a medio gas.
Aunque parezca que nadie mire hacia este rincón de la Península, en Teruel persiste una España áspera y de pulso firme. Ancianos, adultos y jóvenes que han decidido permanecer para sostener pueblos mientras el tiempo institucional pasa de largo. «Solo pedimos que se mire lo que intentamos mantener, como el campo», dicen varios jóvenes de Alloza, en vísperas de San Blas. No reclaman heroicidades ni promesas nuevas: piden medios y respeto. Han elegido quedarse. Y en esa elección se juega mucho más que el futuro de una provincia. «Aquí la política útil es la del día a día», concluye Moreno.