- Investigación Consumo investiga anuncios de viviendas en grandes portales inmobiliarios que podrían infringir la ley en zonas tensionadas
En las últimas horas, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha protagonizado una nueva cruzada, esta vez contra los grandes portales inmobiliarios. Los acusa de anunciar pisos en alquiler en zonas tensionadas a precios superiores a los establecidos por la ley o de no especificar el precio del último contrato, en el caso de los arrendamientos de particulares. La medida forma parte de una investigación abierta por el ministerio, con el objetivo de perseguir y eliminar aquellos anuncios que incumplan la normativa en estas áreas.
«Vamos a hacer valer los derechos de la ciudadanía, los derechos de consumidores y consumidoras frente a cualquier forma de abuso o fraude. Y si podemos probar prácticas engañosas o desleales, el Ministerio de Consumo actuará con toda contundencia. Lo hicimos con las aerolíneas low cost, con los operadores de juego online y con los expedientes abiertos contra plataformas de pisos turísticos», afirmó Bustinduy en rueda de prensa.
La investigación ha provocado el malestar de algunos de los principales portales inmobiliarios, que la califican de «mera voluntad política». Ferran Font, director de estudios de Pisos.com, subraya que «todas las encuestas muestran desde hace tiempo que la mayor preocupación de los españoles es la vivienda, y sobre todo el acceso a ella». Según Font, este clima de preocupación ha dado lugar a semanas marcadas por nuevas medidas: regulación del alquiler vacacional, topes de precios en zonas tensionadas y, más recientemente, la polémica bonificación fiscal a los caseros que no suban el alquiler, propuesta por el PSOE y que ha generado fricciones con su socio de gobierno, que «no acepta, ni aceptará nunca» premiar a los propietarios no acepta ni aceptará nunca» premiar a los propietarios, contribuyendo así a ensanchar aún más la brecha entre arrendador y arrendatario, que ya es un 82% superior. Y, según Font, este desacuerdo ha sido el origen de la investigación. «Cada partido quiere posicionarse con lo suyo. Los portales seguimos la legislación, y esta actuación va al síntoma, no a la causa del problema. Solo ataca la forma en que los portales manejamos la información y, como resultado, reduciría aún más la oferta de vivienda en alquiler, que ya es escasa».
A Pisos.com se sumó Idealista, que recordó que la responsabilidad sobre el contenido de los anuncios inmobiliarios recae siempre en el propio anunciante, como titular de la información publicada, y no en la plataforma intermediaria, tal como ha confirmado la jurisprudencia española. Este reparto de responsabilidades, explican, está regulado por el Reglamento Europeo de Servicios Digitales (DSA), de aplicación directa en toda la Unión Europea, «que establece de manera clara que los prestadores de servicios digitales no responden del contenido publicado por terceros». Además, matizan, la nueva Ley 10/2025, que modifica la normativa de consumidores y usuarios, no altera este marco, como también ha señalado Consumo, por lo que plataformas como Idealista continúan siendo consideradas meros intermediarios, sin asumir responsabilidad sobre los anuncios de terceros.
«Este tipo de comunicaciones institucionales suele tener una amplia repercusión mediática y busca construir un relato político vinculado a la ley, mientras que las resoluciones judiciales posteriores no siempre reciben la misma atención, lo que puede dar una visión parcial sobre cómo funciona realmente el régimen de responsabilidad de las plataformas digitales», señalan fuentes cercanas a Idealista, haciendo referencia a que «no es la primera vez que se cuestiona la responsabilidad de la compañía sobre el contenido publicado por terceros». En hasta ocho ocasiones anteriores, «estas controversias fueron revisadas judicialmente, y en doce sentencias firmes los tribunales anularon las sanciones impuestas, confirmando así la correcta aplicación del marco europeo de responsabilidad de las plataformas».
Esto ha derivado en un rifirrafe entre el Gobierno y los portales, ya que Consumo subraya que los artículos 6 y 9 del Reglamento de Servicios Digitales (DSA) establecen la responsabilidad de las plataformas inmobiliarias una vez notificadas. Además, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en su redacción tras la reciente Ley de Servicios de Atención a la Clientela, señala que es ilícita la publicidad de precios superiores a los regulados para un bien o servicio concreto, así como la indicación del precio sin referencia a los criterios utilizados para ajustarlo a la limitación legal.