El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado una investigación para supervisar y, en su caso, sancionar anuncios de alquiler que podrían incumplir la normativa vigente en las llamadas "zonas tensionadas", donde la demanda de vivienda supera con creces la oferta y los precios están regulados. La investigación se centra en dos prácticas que podrían ser consideradas ilegales: la publicación de anuncios que ofrecen viviendas a precios superiores a los fijados por la ley para grandes tenedores de inmuebles y, en el caso de particulares, la omisión del precio del último contrato de alquiler, información obligatoria para garantizar la transparencia en el mercado. Estas conductas podrían constituir una infracción de la normativa de consumo, tipificadas como "prácticas desleales por engañosa", y acarrear sanciones económicas.
La Ley de Servicios de Atención a la Clientela, aprobada por el Congreso el 11 de diciembre de 2025 y publicada en el BOE el 27 de diciembre, establece obligaciones claras para los portales inmobiliarios. Los anuncios de viviendas ubicadas en zonas declaradas tensionadas deben incluir información accesible que permita a los consumidores conocer los criterios utilizados para fijar la renta ofertada. Esto puede incluir la última renta del contrato anterior en el caso de particulares o el índice de renta aplicable para grandes tenedores de inmuebles. Estas medidas buscan aumentar la transparencia, permitir comparaciones objetivas de precios y evitar prácticas que distorsionen la competencia o induzcan a error a los potenciales inquilinos.
El secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, informó recientemente a portales inmobiliarios y asociaciones del sector sobre los cambios legislativos y las responsabilidades que tienen como intermediarios entre arrendador y arrendatario. No cumplir con estas obligaciones puede derivar en sanciones tanto para los propietarios como para los portales que publican anuncios que no cumplen la normativa.
La investigación surge tras detectar, en el marco de la monitorización activa que el Ministerio realiza sobre el mercado de la vivienda, anuncios que podrían no cumplir con los nuevos requisitos de transparencia. El objetivo es verificar que las ofertas reflejan correctamente los límites de renta establecidos por la ley y que los consumidores cuentan con la información necesaria para tomar decisiones informadas. Esta acción forma parte de una estrategia más amplia para regular el mercado de alquiler en zonas tensionadas, proteger a los inquilinos y reforzar la confianza en los portales inmobiliarios.
Las zonas tensionadas son áreas en las que los precios de alquiler han superado ciertos umbrales definidos por la legislación y donde la presión de la demanda sobre la oferta es especialmente alta. En estos lugares, los propietarios deben ajustarse a límites de renta específicos y los anuncios deben reflejar de manera transparente los criterios utilizados para fijar el precio. La ley busca evitar subidas abusivas y promover un mercado más justo y equilibrado, garantizando que los consumidores tengan acceso a información clara y veraz antes de tomar decisiones de alquiler. Con esta investigación, el Ministerio de Consumo pretende asegurar el cumplimiento de la ley y prevenir que prácticas desleales o engañosas perjudiquen a los inquilinos o distorsionen el mercado de vivienda en España.
Exentos de responsabilidad
Según señalan fuentes de Idealista, el artículo 14 de la Directiva de Comercio Electrónico, incorporado al ordenamiento jurídico español a través de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, establece que los prestadores de servicios de intermediación que se limitan a albergar datos proporcionados por los usuarios no responden por la información almacenada, siempre que no tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información es ilícita o lesiona bienes o derechos de terceros. Asimismo, recuerdan que el artículo 15 de la Directiva prohíbe imponer obligaciones generales de supervisión, por lo que consideran que no es jurídicamente viable exigir a los portales inmobiliarios un control previo y sistemático de los anuncios, recayendo la responsabilidad última sobre los anunciantes.