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Airbnb ve peligrar su negocio en las grandes capitales españolas y ha decidido colocar las espadas en alto. La multinacional intermediadora en alojamiento turístico presiona a los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona para que den marcha atrás en sus políticas para restringir las licencias de alquiler vacacional. La compañía estadounidense teme que su mercado se vea considerablemente reducido, tal y como ha sucedido en Nueva York a raíz de la aprobación, en 2023, de la normativa local sobre arrendamientos a corto plazo.
La plataforma digital creada en San Francisco en 2007 ha enviado en los últimos días dos cartas a los respectivos alcaldes, el jueves al popular José Luis Martínez-Almeida y ayer al socialista Jaume Collboni, en las que les insta a revertir las medidas anunciadas por ambos Gobiernos municipales respecto a esta actividad.
Hace apenas tres semanas, Airbnb ya expresó su «preocupación» por el Real Decreto que el Gobierno de Pedro Sánchez prepara para regular, a partir de 2025, los alquileres temporales. La norma introducirá en el ordenamiento jurídico español el reglamento europeo sobre la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración. Entre otros aspectos, cualquier arriendo de esta modalidad deberá registrarse y obtener un número de identificación antes de publicitarse en plataformas digitales como Airbnb o Booking.
Según la empresa de intermediación de apartamentos turísticos, el proyecto legislativo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana «se desvía de manera significativa del propósito original de la Unión Europea y generará confusión y cargas administrativas adicionales». A juicio de los directivos de Airbnb, la propuesta liderada por la ministra Isabel Rodríguez «introducirá nuevos requisitos que complicarán aún más las tareas administrativas de aquellas personas que quieran compartir sus hogares».
La ofensiva de la multinacional fundada en California coincide con la presentación que Almeida hizo, el pasado jueves, del Plan Reside, destinado a combatir las viviendas ilegales de uso turístico. El Ayuntamiento de Madrid no otorgará licencias dispersas en edificios residenciales del centro histórico, ni siquiera en planta baja con acceso independiente, como sí está permitido actualmente. Más allá de esta área geográfica de la capital, los permisos de alojamiento turístico se concederán únicamente cuando exista un acceso independiente.
En la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno, el alcalde detalló que el plan será aprobado en diciembre, en el Pleno municipal, y a continuación se abrirá el periodo de alegaciones en el que podrán participar actores como Airbnb. En su intervención, de hecho, Almeida se refirió explícitamente a la plataforma estadounidense para criticar la política de control de anuncios en su portal: «¿Por qué comercializan pisos que saben que son ilegales? Lo hacen a sabiendas de que hacen algo ilegal, así que pido que cesen la publicación de viviendas que no cumplan con la normativa».
La interpelación del edil del PP fue respondida por Airbnb, que considera que la propuesta del Consistorio «está lejos de cumplir con los estándares de proporcionalidad que se exigen a nivel europeo». «Será muy difícil de aplicar en la práctica y castiga injustificadamente a una modalidad alojativa que, a día de hoy, contribuye a que Madrid sea un referente turístico a nivel internacional», aseguró en un comunicado tras dirigirse por carta a Almeida.
Carta a Jaume Collboni
La presión de Airbnb tuvo este domingo a Collboni como destinatario. En la misiva remitida ayer al alcalde de Barcelona, la multinacional se suma a las acusaciones de las patronales de pisos turísticos de que el Gobierno local del PSC «favorece los intereses del lobby hotelero» de la ciudad. «Resulta paradójico que declare querer luchar contra la masificación turística y las VUT (viviendas de uso turístico), a la vez que se afirma que existe potencial para 5.000 nuevas habitaciones hoteleras en Barcelona», reprocha la compañía.
Hace cinco meses, Collboni anunció la revisión del Plan especial urbanístico de alojamientos turísticos con el objetivo de eliminar, antes de 2029, los 10.101 pisos que operan en la ciudad, en aplicación del decreto ley aprobado por la Generalitat el pasado noviembre, y convalidado en diciembre en el Parlament, que regula este sector limitando la concesión y renovación de licencias. La normativa autonómica está ahora mismo en manos del Tribunal Constitucional, que admitió a trámite en febrero el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP a instancias de la patronal Federatur.
En la carta enviada al alcalde barcelonés, Airbnb señala que en la capital catalana «hay ocho viviendas vacías por cada VUT». «Políticas destinadas a solventar estas y otras problemáticas podrían aumentar la oferta de vivienda asequible más que la prohibición de todo un sector económico», afean al Ejecutivo local.
La primera teniente de alcalde y responsable de Urbanismo, Laia Bonet, reivindica Barcelona como «un referente en la lucha contra la actividad ilegal de pisos turísticos». La concejal socialista afirma que los servicios municipales de inspección han logrado que, de los 6.000 apartamentos irregulares que operaban en 2016, se haya pasado a localizar, actualmente, entre 300 y 400 anuncios mensuales sin licencia en las plataformas digitales.
Durante la primera quincena de julio, en el marco de dos campañas de inspección a 134 alojamientos «con indicios» de actividad ilegal, los inspectores del Ayuntamiento detectaron 75 pisos turísticos ilegales. Del resto de inmuebles inspeccionados, 16 ya no estaban operativos, en 23 no fue posible el acceso y en 20 no había turistas hospedados en el momento de la inspección.