- Valencia La maniobra de la promotora de vivienda protegida de Patraix enreda al Ayuntamiento: cinco familias comunicaron que tenían reservas sobre esos pisos
- Valencia El PSOE aprieta al PP con la vivienda protegida y lleva ahora a Fiscalía una permuta en Valencia que dejó sin piso a 39 familias
El PSOE ha vuelto a poner el foco de la sospecha en la operación urbanística de permuta que firmó el Ayuntamiento con una promotora el pasado mes de octubre y que dejó a 39 familias sin su vivienda de protección pública pese a tenerla reservada. El portavoz municipal, Borja Sanjuan, ha desvelado en el pleno que la apoderada de esa constructora es una abogada de la Generalitat ascendida a coordinadora en diciembre de 2023 tras la llegada al Gobierno de Carlos Mazón.
"Le han adjudicado un pelotazo de más de 60 millones de euros a una abogada que nombró el PP, María Dolores Álvarez Albors y cuya empresa iba a repartir las viviendas con la misma fórmula de Alicante. ¿Cuántas personas cercanas al PP tienen reserva? ¿Le vamos a subvencionar la piscina y el pádel a altos cargos? Les hemos pillado, hagan una revisión de oficio, devuelvan la vivienda a esas familias y anulen la permuta y el pelotazo", pidió Sanjuan.
En la documentación recabada por los socialistas, y a la que ha tenido acceso El Mundo, Álvarez Albors aparece como apoderada de Inversiones Montelimar S.L., la empresa que creó junto a su marido Miguel Ferrer a finales de los 90 y que es la matriz tanto de Domio Habitat S.L como de Domio Desarrollos II S.L., que es la única promotora que optó a la permuta de cuatro solares edificables en los barrios de Malilla y Nou Moles para construir 250 viviendas públicas a cambio de un edificio de 39 ya en construcción en el barrio de Patraix, en la avenida Pianista Roca Coll y 1,7 millones de euros.
Según constataron los socialistas, esos 39 pisos estaban comercializados, algo que prohíbe el pliego expresamente porque así lo advirtió un funcionario, y así lo habían comunicado cinco familias al Ayuntamiento en 2024, cuando la promotora comenzó trámites para resolver esos contratos de prerreserva. Fue Domio la que, mediante declaración responsable, certificó que, a fecha en que se presentó a la permuta, las viviendas no tenían 'dueño'. "Hubo un concurso público y la empresa presentó declaración responsable. Le hemos pedido que lo certifique de nuevo y se hará un informe por parte de los servicios jurídicos. Si no cumple, habrá que demandar a la empresa", contestó en el pleno el concejal de Urbanismo, Juan Giner, que negó una y otra vez que se tratara de "un pelotazo".
Sin embargo, estas operaciones de permuta han sido diseñadas también por el concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, que tomó la palabra en el pleno para reconocer que, durante las conversaciones con el propietario de Domio acerca de la operación, le comentó que su esposa lo conocía de su etapa en la Abogacía de la Generalitat y que era compañera del hijo de Marí Olano.
Para el equipo de Gobierno, las actuaciones que el PSOE lleva a la Fiscalía son responsabilidad de la empresa constructora, sin que los concejales populares hayan tenido "tiempo de cometer los delitos de los que nos acusan, porque no hay ni proyecto para esas 160 viviendas y 39 para el parque público que se construirán", respondió con sorna Giner, que acusó a Sanjuan de airear un pelotazo de 60 millones cuando "el beneficio no llegará a dos por el coste de la construcción".
Son tres las operaciones de permuta para construir vivienda pública que ha puesto en marcha el Gobierno del Catalá en el último año. La primera, fue paralizada porque la única empresa que se presentó era propiedad del marido de una diputada del Partido Popular.
La segunda está investigada por Antifraude tras la denuncia de los socialistas. El Ayuntamiento de Valencia acordó la permuta de cuatro solares públicos en el barrio de la Fuente de San Luis y Quatre Carreres, con capacidad para 400 viviendas, a cambio de un edificio ya levantado de 86. La tercera es la que afecta al edificio de Patraix, que el PSOE llevará a Fiscalía.