Que la vivienda iba a ser el gran tema de la legislatura fue el objetivo primero de Carlos Mazón y luego de Juanfran Pérez Llorca. Pero si en el primer caso la gestión de la dana opacó cualquier otra política, en el segundo el resultado no está siendo ni mucho menos el que se buscaba. La vivienda ha vuelto al primer plano político, pero vinculada al escándalo.
Con la polémica adjudicación de la vivienda protegida de Les Naus aún coleando en Alicante, el PSOE quiere abrir otro frente al PP. Esta vez, en Valencia, donde los socialistas denunciarán a la Fiscalía una permuta del Ayuntamiento que, en la práctica, ha dejado sin piso a 39 familias. Desde el equipo de gobierno de la alcaldesa María José Catalá se niega sin embargo cualquier irregularidad.
Según el portavoz socialista en el consistorio valenciano, Borja Sanjuan, el nuevo "pelotazo" tiene que ver con una permuta del Ayuntamiento y la promotora valenciana Domio. La operación implica para la promotora la entrega de 39 viviendas de protección pública construidas a cambio de suelo municipal para unas 250 viviendas y 1,7 millones de euros.
El problema es que, según Sanjuan, para poder llevarse a cabo la permuta, esas 39 viviendas no tenían que estar comercializadas, tal y como consta en el pliego de condiciones. Pero un año antes de la operación, 39 familias que cumplían los requisitos para adjudicarse una vivienda de protección pública hicieron una reserva abonando incluso 1.000 euros.
"Las familias nos han facilitado documentación que prueba que tenían derechos constituidos sobre estas viviendas", ha explicado Sanjuan. Fuentes municipales, sin embargo, lo niegan, pues la promotora firmó una declaración responsable garantizando ante el consistorio que cumplía todos los requisitos.
Según el portavoz del gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, "todo es perfectamente legal". Fuentes municipales insisten en que el expediente de permuta "cumple con todos los requisitos" del pliego de condiciones, además de que cuenta con "todos los informes a favor". Sobre si las 39 viviendas están o no comercializadas, desde el consistorio se subraya que "en el momento de la adjudicación, la promotora acreditó el cumplimiento de ese requisito".
"El Ayuntamiento de Valencia ha llevado a cabo el proceso con todas las garantías para otorgar seguridad jurídica tanto a las empresas adjudicatarias como a los futuros beneficiarios de las viviendas protegidas", señalan fuentes municipales. El PSOE, por su parte, apunta a una "permuta ilegal" para otorgar un "negocio" a una promotora privada por valor de 45 millones de euros: "Le han dado suelo público para hacer 250 viviendas con precio nuevo, cuando la promotora iba a vender 39 viviendas que estaban en construcción a precio antiguo".
Es más, los socialistas apuntan incluso a un posible uso de información privilegiada -al igual que sucedió en Alicante con la urbanización de Playa de San Juan- porque la promotora trató de revertir los derechos de las familias sobre las viviendas cuando empezaron a diseñarse las permutas del Ayuntamiento "con esta y otras constructoras".
Comisión de investigación
Pero no es solo la izquierda la que aprieta al PP con este tema. También Vox ha encontrado en la vivienda un asunto para marcar cierta distancia con los populares. De hecho, los de Abascal han logrado este jueves la aprobación de una comisión de investigación en las Cortes Valencianas sobre la polémica con las viviendas de Alicante.
Y lo han logrado, paradójicamente, con el voto del PP, que no ha tenido más remedio que sumarse a la iniciativa tras pillarle por sorpresa la propuesta de Vox. La comisión planteada por Vox ha obtenido también el voto a favor de Compromís, mientras que los socialistas se han abstenido.
Según el portavoz de Vox, José María Llanos, hay que dirimir todas las responsabilidades por las "irregularidades" sobre estas viviendas "caiga quien caiga". Y el primero que debería caer, según Vox, es el alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), quien "debería dimitir por omisión o por ignorancia".