La decisión adoptada por el Ayuntamiento de Valencia de adquirir un edificio en construcción de 39 viviendas en la avenida Pianista Roca Coll del barrio de Patraix se ha convertido en un quebradero de cabeza para el Gobierno de María José Catalá. El consistorio se hizo con la propiedad de este edificio para destinarlo a vivienda protegida a cambio de una permuta de cuatro solares edificables en los barrios de Malilla y Nou Moles, valorados en 7,5 millones. Sin embargo, estas viviendas adquiridas ya tenían 'dueños' y el Ayuntamiento tenía conocimiento de ello.
Esta es la denuncia del Partido Socialista, que ha llevado el caso a la Fiscalía ante las irregularidades detectadas. El Ayuntamiento aprobó en octubre de 2025 la operación de permuta con la constructora Domio, que había cumplido con la condición imprescindible de certificar que las viviendas que ahora pasaban a manos municipales no habían sido comercializadas. Lo hizo a través de una declaración responsable en la que, según los socialistas, había mentido "para obtener el pelotazo de las VPP". "Sabemos que el Ayuntamiento conocía esta ilegalidad antes de autorizar la permuta porque los afectados ya habían notificado su condición y el Ayuntamiento les había reconocido como tales", aseguró el concejal Borja Sanjuan.
En concreto, cinco familias se comunicaron con Urbanismo en julio de 2024 para advertir de que la promotora quería cancelar su reserva del piso de protección en la avenida Roca Coll, por la que habían depositado 1.000 euros. No les daba información sobre las obras y solicitaron el acceso a los expedientes y aportaron copias de su contrato con la promotora Domio. El Ayuntamiento se lo concedió, lo que significa, según Sanjuan, "un reconocimiento explícito de sus derechos adquiridos sobre las viviendas ya en julio de 2024, cuando aportaron sus contratos", precisó. "Por eso nunca se podría haber adjudicado la permuta salvo que se cometiera una ilegalidad", añadió.
Para los técnicos municipales, una vivienda está comercializada cuando existe "un derecho constituido", "que es justamente lo que reconoció el Ayuntamiento cuando les dio acceso al expediente en julio de 2024", aseguró el portavoz socialista. "Permitieron una permuta dando por buena una declaración responsable. La pregunta ya no es si el Ayuntamiento sabía lo que estaba pasando, sino qué interés tenía en permitir que se cometiera un delito a costa de tirar a 39 familias de las viviendas protegidas que ya habían prerreservado", matizó.
A la denuncia de los socialistas, la alcaldesa María José Catalá responde mirando a la promotora, que aseguró cumplir la normativa cuando optó a la permuta. "Nosotros hemos pedido explicaciones a la promotora, que es quien tendrá que darlas", aseguró la alcaldesa.
Mientras, desde Urbanismo se sigue insistiendo en el procedimiento fue "impecable" porque se tramitó con todos los informes favorables "tanto patrimoniales como de la Intervención municipal". Según el concejal Juan Giner, en que las bases de adjudicación de la permuta "se cumplieron en todos sus extremos" y que fue la empresa la que presentó una declaración responsable el 30 de julio de 2025 acreditando que las viviendas ofrecidas no estaban comercializadas, cumpliendo así el requisito establecido en el pliego de condiciones. "El Ayuntamiento hizo lo que debía: exigir en las bases que no estuvieran comercializadas. Y el expediente se tramitó correctamente con la documentación aportada", explicó.
Las irregularidades de Alicante
Esta polémica coincide en el tiempo con el estallido del escándalo de las viviendas protegidas en la playa de San Juan de Alicante, otro solar permitido por el Ayuntamiento para construir un centenar de pisos muchos de los cuales, de manera irregular, acabaron en manos de personas del entorno del gobierno municipal.
De hecho, la Generalitat está revisando todos los expedientes de adjudicación de esas viviendas y trasladando al juzgado "aquellas cuestiones" que "no casan", según anunció la vicepresidenta Susana Camarero.
Entre ellas, que las viviendas puedan estar habitada por personas que no fueran las adjudicatarias, lo que supone la existencia de alquiler irregulares.
Ante casos de renuncia a esas viviendas al detectarse que los propietarios no cumplen con los requisitos, la Administración, a través del Ayuntamiento de Alicante, ejercerá el derecho de tanteo para adquirir la propiedad.