- Generalitat El Govern de Salvador Illa pide a los ayuntamientos que garanticen la atención en catalán a los ciudadanos
- TSJC El Tribunal Superior de Justicia catalán mantiene el 25% de castellano en la escuela pese a la ley autonómica contra los porcentajes
Duro revés al intento de la Generalitat de marginar el uso del español en las escuelas catalanas. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado de manera total o parcial más de una decena de artículos del decreto de régimen lingüístico educativo que el Govern de Pere Aragonès (ERC) aprobó, en 2024, para blindar la inmersión lingüística.
Un sistema que el actual presidente catalán, el socialista Salvador Illa, ha mantenido y pretende mantener pese a la sentencia. "Defenderemos el modelo lingüístico de la escuela catalana con toda contundencia y tomaremos todas las medidas que consideremos oportunas", ha reaccionado tras una decisión judicial que llega a las puertas de la celebración de la Diada del 11 de septiembre, que este año se preveía de perfil bajo.
Illa ha anunciado que la Generalitat recurrirá el fallo y "no permitirá que nadie haga un uso político de la lengua porque es lo peor que se puede hacer para la convivencia". "El catalán debe seguir siendo la lengua inclusiva, propia y transversal del país y también de la escuela", ha añadido el president.
La decisión del TSJC, que hoy se ha hecho pública, parte de un movimiento de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB), una de las entidades constitucionales más activas. La organización presidida por Ana Losada presentó un recurso contra la norma de la Generalitat, que fue suspendida cautelarmente en julio del año pasado, para "impedir la vulneración de derechos fundamentales".
El Ejecutivo de Esquerra Republicana había aprobado ese decreto justo dos días después de las elecciones autonómicas del 12 de mayo de 2024, es decir, ya en funciones, y con el objetivo de "dar seguridad jurídica a los centros".
El texto del decreto del régimen lingüístico del sistema educativo no universitario, que despliega el título 2 de la Ley de Educación de Cataluña de 2009, señala que el responsable del Proyecto Lingüístico de Centro (PLC) de cada escuela es el Departamento de Educación de la Generalitat y no la dirección.
La norma aprobada por el Govern independentista consagraba nuevamente el catalán y el aranés [variante del occitano cooficial en la comarca pirenaica de Vall d'Aran] como idiomas "normalmente vehiculares y de aprendizaje" dejando al castellano con la consideración de materia curricular.
En su auto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC estima parcialmente el recurso presentado por la AEB, que ha celebrado la decisión judicial como "un hito en la defensa de los derechos fundamentales de alumnos y familias en Cataluña".
La resolución declara nulos de pleno derecho varios preceptos del decreto por vulnerar los artículos 3, 14 y 27 de la Constitución Española. Los magistrados anulan, entre otras obligaciones atribuidas a los titulares de los centros, la de garantizar que el catalán sea la lengua vehicular y de aprendizaje excluyendo el castellano de esa condición.
La sentencia también tumba el precepto de que este sea el único idioma en los procesos de acogida a los alumnos procedentes de fuera de Cataluña sin prever mecanismos efectivos de aprendizaje equilibrado del español. El auto reitera la doctrina del Tribunal Constitucional y señala que "ambas lenguas cooficiales han de ser vehiculares en la enseñanza".
En cambio, desestima la impugnación de algunos artículos sobre aspectos organizativos de la Administración, como el uso del catalán en la rotulación o la proyección externa de los centros educativos, la lengua en los procesos selectivos o la acreditación lingüística del personal no docente.
Sentencia del 25%
Con el objetivo de esquivar la sentencia firme que obliga a impartir, al menos, un 25% de las clases en castellano, la norma autonómica de 2024 señala que "no pueden aplicarse porcentajes, proporciones o parámetros numéricos en la enseñanza de las lenguas". Con la misma finalidad, el texto prohíbe que los planes lingüísticos de los colegios puedan modificarse a medio curso.
Hace seis meses, el TSJC rechazó los recursos de la Generalitat que pedían revocar la obligación de impartir un 25% de horas lectivas en español en 12 escuelas. El Ejecutivo entonces en manos de Esquerra había esgrimido la "imposibilidad legal" de aplicar esa cuota debido al marco legal autonómico vigente.
Y es que el decreto anulado ahora parcialmente por el alto tribunal catalán no es el único texto legal aprobado en los últimos años en Cataluña para blindar la inmersión lingüística frente a la sentencia del propio TSJC, con carácter firme desde enero de 2022, después de que una providencia del Tribunal Supremo rechazara las alegaciones de la Generalitat.
Un día antes de que expirase el último plazo que había otorgado el TSJ catalán para cumplir el fallo, el Gabinete liderado por Aragonès aprobó, en mayo de ese año, un decreto ley que ya fijaba explícitamente la "inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y uso de lenguas".
El PSC, partido que hoy Gobierna la Generalitat, votó contra ese decreto en el Parlament, pero sí validó en la Cámara, en junio de 2022, una ley de política lingüística destinada a sortear la sentencia y blindar la inmersión.
Esta norma autonómica se refiere al catalán como "lengua propia de Cataluña, normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo, y de uso normal en la acogida del alumnado recién llegado".
Sobre el español, la ley indica que será "empleado en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro". "La enseñanza y el uso curricular y educativo del catalán y del castellano deben estar garantizados y tener una presencia adecuada en los currículos y en los proyectos educativos a fin de que todo el alumnado alcance el dominio oral y escrito de las dos lenguas oficiales al final de la educación obligatoria", señala la norma sin mayor concreción.
Tanto el decreto como la ley están sobre la mesa del Tribunal Constitucional, que debe resolver el recurso interpuesto, de forma conjunta, por el PP y Ciudadanos en julio de 2022 y la cuestión de inconstitucionalidad que presentó el propio TSJC al observar un posible "fraude de ley" para no aplicar su fallo. De hecho, en resoluciones posteriores, este tribunal ha evitado referirse al porcentaje de horas lectivas en español y ha utilizado la consideración de "asignatura principal".
La AEB ha exigido al Govern de Illa que cumpla "sin demora" la sentencia y "reforme el modelo educativo" para garantizar los derechos lingüísticos de todos los alumnos. También insta al Ejecutivo autonómico a "dejar de una vez por todas de inventar procedimientos fraudulentos para evitar que el castellano sea también lengua vehicular de enseñanza en Cataluña".
Asimismo, la entidad reclama al Gobierno de Pedro Sánchez que "ejerza sus competencias" y actúe a través de la Alta Inspección de Educación para asegurar que esta resolución se cumpla en los centros públicos y concertados de la región.
REACCIÓN DE JUNTS Y ERC
Después de conocerse a sentencia, Junts per Catalunya, el principal partido de la oposición, ha exigido al Ejecutivo del PSC que actúe "con contundencia" ante lo que califica como "un nuevo ataque frontal contra el catalán".
"Pedimos la máxima contundencia y movilización ante una situación tan grave para garantizar que el catalán siga siendo la lengua vehicular en la escuela", ha expresado su portavoz en el Parlament, Mònica Sales, que ha dicho que la reacción de Illa "es lo mínimo exigible, pero sigue siendo insuficiente".
Precisamente hoy, el partido presidido por Carles Puigdemont ha presentado una campaña para la "defensa de los derechos lingüísticos de los catalanohablantes" y contra "el menosprecio institucional por parte del PSC" bajo el lema: "En Barcelona, vive en catalán".
Por su parte, la secretaria general de Esquerra Republicana, Elisenda Alamany, ha reprochado a los jueces que "sigan haciendo política contraviniendo todos los criterios pedagógicos" y ha asegurado que los catalanes se mantendrán "firmes en la defensa del modelo de inmersión lingüística por su función de cohesión social".
La número dos de ERC y líder del partido en el Ayuntamiento de Barcelona ha instado al Consistorio gobernado por el socialista Jaume Collboni a adherirse al Pacto Nacional por la Lengua en el próximo Pleno municipal del 26 de septiembre.
Satisfacción de PP y Vox
Al mismo tiempo, el portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha celebrado la decisión judicial y ha aseverado que "las políticas lingüísticas de Esquerra y ahora del PSC son un fracaso y un ataque a la libertad". "Están convirtiendo el catalán en una lengua antipática, lo que es injusto y contraproducente para su preservación", ha agregado el diputado popular.
Por su parte, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha expresado también su satisfacción: "El separatismo nunca ha querido blindar el catalán, sino excluir el español y convertirnos en extranjeros en nuestra propia tierra". A su juicio, el decreto convertía el castellano en "idioma extranjero en Cataluña", pese a ser "la lengua materna de más de la mitad de los catalanes".