El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha suspendido el decreto lingüístico aprobado por el Govern de ERC el pasado 14 de mayo, dos días después de perder las elecciones, cuando ya estaba en funciones, y que trataba de blindar la inmersión en las escuelas de Cataluña.
El auto, al que ha tenido acceso EL MUNDO, señala que la norma impugnada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), "puede situar en una posición marginal a la lengua castellana en la enseñanza, puesto que únicamente se garantiza la posición prevalente y vehicular del catalán, intensificando el modelo único inmersivo" en las escuelas de Cataluña.
Además, subraya el escrito del Alto Tribunal catalán que el decreto viene a "desarrollar" el decreto y la ley lingüística aprobadas por la Generalitat y el Parlament en 2022 para impedir la ejecución de la sentencia que obliga a impartir un 25% de castellano en todos los colegios de la región y que actualmente analiza el Tribunal Constitucional para determinar su legalidad.
El decreto ahora suspendido permitía a la Generalitat mantener el catalán como única lengua vehicular garantizada haciendo caso omiso a diferentes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Supremo y el Constitucional que exigen que el español tenga la misma consideración.
El nuevo régimen aprobado por el Govern y ahora frenado por el TSJC también especificaba la vehicularidad del catalán en las actividades complementarias, extraescolares y comunicaciones internas y externas con los miembros de comunidad educativa.
El Ejecutivo de Pere Aragonès pretendía dejar como herencia un instrumento jurídico para regular la elaboración, el seguimiento y la evaluación de los proyectos lingüísticos de los centros, que contemplan aspectos como los indicadores de evaluación de las lenguas, el proceso de aprendizaje de cada idioma o la formación del profesorado en competencia lingüística.
Por otra parte, el decreto determinaba la competencia lingüística tanto de los alumnos como de los docentes, que, en el caso de centros no universitarios, deberán acreditar el conocimiento superior oral y escrito del catalán, el denominado certificado C2.
La presidenta de la AEB, Ana Losada, celebró ayer la suspensión de un decreto que, consideró, «pretendía normalizar y reglamentar al máximo nivel la vulneración de los derechos lingüísticos de los alumnos catalanes». Lamentó Losada su lucha «en solitario» a falta de «un Gobierno de la Generalitat que respete las normas y un Gobierno de España que cumpla sus funciones y defienda la igualdad y los derechos de los ciudadanos de Cataluña».
«El nuevo gobierno catalán que se está negociando debe asumir las razones que justifican la suspensión del decreto. Los partidos políticos deben cambiar el rumbo y entender a la sociedad catalana que es bilingüe y hacer visible esa realidad en la escuela catalana. Tienen que abandonar la obsesión monolingüe», añadió Losada.
La consejera de Educación del Govern, Anna Simó (ERC), anunció que recurrirá la suspensión y acusó a los jueces dl TSJC de «haber decidido decir cómo se organiza el sistema lingüístico de educación».