ERC se ha propuesto atar en corto al Govern de Salvador Illa. Después de negarse a negociar los Presupuestos de la Generalitat y obligar al president socialista a malvivir durante el primer año de legislatura con unas cuentas prorrogadas, los republicanos se proponen a vigilar con celo el inicio de las negociaciones entre el Ejecutivo autonómico y el Gobierno para preparar la aplicación del concierto económico, con la llegada de las comisiones bilaterales previstas para finales del presente mes de febrero en las que se abordará el asunto central del mandato catalán.
Y a ese objetivo prioritario, el de asegurarse de que la «financiación singular» -el compromiso que hizo posible la investidura del líder del PSC- acaba por ejecutarse, todavía suma la formación independentista un tercer e inmediato propósito: presionar públicamente a los socialistas para que se comprometan a sortear una eventual sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que tumbe las argucias legales diseñadas por el Govern durante la presidencia de Pere Aragonès y que inste a la aplicación generalizada de un 25% de materias en castellano en todas las escuelas de Cataluña.
La portavoz de los republicanos en el Parlament, Ester Capella, acaba de registrar un iniciativa que se debatirá y someterá a votación la semana próxima y en la que reclaman «defender el modelo de inmersión lingüística ante cualquier injerencia judicial [...], impulsando las reformas y acciones necesarias para proteger a la escuela catalana ante una posible sentencia del Tribunal Constitucional en contra de la normativa catalana».
La formación presidida por Oriol Junqueras obligará al PSC a posicionarse y avanzar si está dispuesto a burlar el fallo del tribunal de garantías en caso de que perjudique al sistema monolingüe en catalán.
En la pasada legislatura, los socialistas colaboraron con el Govern de ERC y aprobaron una ley, junto al independentismo y los comunes, que mantenía al catalán como única lengua vehicular y rechazaba la aplicación de porcentajes en la enseñanza. A esa normativa sumó la Generalitat un decreto para bordear la aplicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obligaba a impartir el 25% de español en todos los colegios de la región y que fue secundada por el Tribunal Supremo.
Lo que ahora dirime el Tribunal Constitucional es la legalidad de la normativa ideada y aprobada entre el PSC, el independentismo y los comunes, así como del decreto de la Generalitat empleados para desoír el fallo del 25% y seguir aplicando la inmersión.
Y a lo que ahora exhorta ERC es a empezar a elaborar un nuevo ardid legal para desobedecer al Tribunal Constitucional si derrumba el anterior armazón legal diseñado por el secesionismo y el independentismo para mantener con vida la inmersión.
Hasta el momento, al ser preguntado por esta espinosa cuestión, el Govern de Illa siempre ha evitado postularse claramente. Ha optado por recordar que no hay fecha prevista para la sentencia y por defender la legalidad del sistema lingüístico que en la actualidad impera en las escuelas catalanas y que reduce la enseñanza del castellano a la mínima expresión, circunscribiéndola a la asignatura de lengua castellana y sólo alcanzando el 25% de español en las aulas de las que forma parte algún alumno cuya familia ha logrado en los tribunales la ampliación de horas de enseñanza en la lengua común. Es decir, casos como el de la niña de Canet.
Tal y como reveló EL MUNDO, el 21 de enero, la consejera de Educación de la Generalitat, Esther Niubó, sostuvo en una carta enviada al presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que su Departamento «respeta y ejecuta las sentencias judiciales respecto al uso de las lenguas oficiales», al ser preguntada por la inaplicación de fallos como el del 25%.
Ahora, ERC aspira a que el PSC proclame justo lo contrario en el Parlament, o por lo menos, a que garantice que seguirá bordeando la legalidad para mantener vigente la inmersión lingüística si el Tribunal Constitucional ordena la ejecución del 25% al tumbar la ley y el decreto que ahora frenan su aplicación.
Los socialistas deberán elegir entre enervar a su socio prioritario, que tiene la llave de la legislatura, o renegar de la Justicia, lo que restaría credibilidad a un Govern que prometió restaurar la seguridad jurídica tras una década de procés.