Anteayer, el independentismo y el Govern de Salvador Illa celebraron, entusiasmados, el informe del comité de expertos del Consejo de Europa que manifestaba «gran preocupación» por la sentencia judicial sobre el 25% de castellano. Lo consideraron un espaldarazo a la inmersión lingüística y a la negativa de cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que acaba con el modelo escolar monolingüe en Cataluña, y cuya aplicación depende ahora de la decisión del Tribunal Constitucional sobre la legalidad de la ley aprobada por los secesionistas y el PSC en el anterior mandato para frenar la ejecución del fallo judicial.
Las conclusiones del comité de expertos del Consejo de Europa -organismo del todo ajeno a la Unión Europea que analiza la situación de las lenguas regionales en el continente- se basan en los argumentos trasladados por entidades separatistas coordinadas por la Plataforma per la Llengua y por el desaparecido Govern de ERC, que, en sendos informes, atacan frontalmente las sentencia del TSJC sobre el 25% de español.
El informe de la Plataforma per la Llengua, entregado en mano el pasado 15 de enero a los miembros del Comité de Expertos del Consejo de Europa, realiza afirmaciones que describen una presunta extinción del catalán en las aulas a raíz de la sentencia del 25%. «Un tribunal puede hacer cumplir este porcentaje de asignaturas en castellano en todas las escuelas catalanas, lo que significa que la educación preescolar, primaria y secundaria no siempre está disponible en catalán», sostiene el informe encabezado por la Plataforma, que también enuncia: «La nueva legislación catalana [aprobada para frenar la sentencia del 25%] prevé el uso del castellano en función de la situación sociolingüística, lo que significa que la enseñanza en catalán no se impartirá en algunos colegios o institutos».
El informe que el Govern de ERC envió al Consejo de Europa asegura, por su parte, que «el Reino de España no cumple su compromiso de permitir educación en catalán en Cataluña a causa de la imposición de cuotas en castellano a todo el alumnado». Este análisis fue realizado por el equipo del entonces secretario de Política Lingüística del Govern republicano, Francesc Xavier Vila, ahora elevado por Illa al rango de conseller como miembro independiente de su Gabinete. Tras la publicación del informe del Consejo de Europa, Vila celebró el martes en nombre del Govern el logro conseguido. «Demuestra que la sentencia judicial es una mala idea que no gusta a nadie», aseveró.
Ayer, la portavoz del Ejecutivo catalán, la socialista Sílvia Paneque, ratificó que el Govern se considera «identificado» con el informe del Consejo de Europa. Paneque evitó avanzar, asimismo, cuál será la respuesta del Govern a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las medidas legales aprobadas en la pasada legislatura para impedir la aplicación del fallo del 25%. «Esperaremos la sentencia y veremos qué pasos a futuro podemos dar y, mientras tanto, continuaremos con el catalán como lengua vehicular en nuestro sistema educativo», manifestó.
Como es preceptivo, el Gobierno también envió su informe sobre la situación de las lenguas regionales o minoritarias al Consejo de Europa, pero éste no incluyó valoraciones que permitieran desmontar la argumentación del Govern de ERC y de las entidades no gubernamentales de sesgo secesionista encabezadas por la Plataforma per la Llengua.
El documento, remitido en julio de 2023 por el Ministerio de Política Territorial y por tanto atribuible a la anterior ministra, Isabel Rodríguez, sólo realiza una referencia indirecta a la sentencia del 25% cuando cita un estudio del anterior Síndic de Greuges de Cataluña, Rafael Ribó -conocido soberanista-, en el que se considera que «la determinación de una cuota mínima de enseñanza en castellano por parte de un tribunal sustituye la competencia de la Generalitat» y subraya que «la Generalitat ha manifestado que no consolidar este modelo [la inmersión] comporta un riesgo elevado de segregación social y lingüística, y afecta negativamente a la competencia lingüística en lengua catalana de los hijos de familias no catalanoparlantes».
Sí intentó contrarrestar los razonamientos independentistas la entidad constitucionalista Impulso Ciudadano, que remitió su propio informe al Consejo de Europa, sin recibir, siquiera, acuse de recibo.
Basándose en datos de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Impulso Ciudadano subrayó al organismo que «la Constitución no contempla que las autoridades regionales puedan imponer un sistema escolar único a toda la población, eliminando así la lengua española o la lengua regional como lengua de enseñanza». «Cada una de las lenguas oficiales debe representar al menos el 25% del total de la enseñanza», explicó, e incidió en que, «a pesar de esta restricción constitucional, Cataluña ha impuesto un único medio de enseñanza (es decir, el catalán) en todo el sistema escolar. Y el castellano ha quedado reducido a una clase de lengua prácticamente».