CATALUÑA
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Norte de la Costa Brava

Salvador Illa recurrirá al Gobierno para la financiación de una nueva desalinizadora en Cataluña contra la sequía

La Generalitat planea construir una planta en Girona para reducir la dependencia de las lluvias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Salvador Illa.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Salvador Illa.Gorka LoinazARABA PRESS
Actualizado

El nuevo Gobierno catalán quiere dejar claro que "la sequía no ha terminado" y se marca el objetivo de "garantizar la seguridad hídrica y dejar de depender de la pluviometría". Por ello, el Ejecutivo presidido por Salvador Illa ha presentado hoy una "nueva estrategia de la gestión del agua" para prevenir futuros episodios severos de escasez como los de los últimos cuatro años.

Tras la reunión semanal del Govern, la portavoz y consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha anunciado un paquete de medidas entre las que destaca la construcción de una nueva desalinizadora en Girona, en el norte de la Costa Brava, una de las zonas más afectadas por la crisis hídrica en Cataluña.

Aunque sin previsión de fechas todavía, esta planta tendría una capacidad para tratar unos 15 hectómetros cúbicos anuales de agua y costaría alrededor de 200 millones de euros. Según ha explicado Paneque, el Ejecutivo del PSC trasladará esta inversión al Gobierno de Pedro Sánchez a fin de que se pueda incluir en la planificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para ser financiada.

Desalinizadoras de Tordera y Foix

Hace medio año, la titular de este departamento y vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, acordó con el entonces consejero de Acción Climática de la Generalitat, David Mascort (ERC), la financiación con fondos europeos Next Generation de la ampliación de la desalinizadora de Tordera, en Blanes (Girona), y de la construcción de una nueva planta en las proximidades de la cuenca del río Foix, en la provincia de Barcelona. En ambos casos se aplicará el principio de recuperación de costes, por lo que acabarán repercutiendo en la factura al consumidor.

Con la de El Prat de Llobregat, la proyectada en el norte de la Costa Brava se convertiría en la cuarta desalinizadora de Cataluña.