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La intervención de Junts para torpedear la negociación con los socialistas sobre la investidura de Salvador Illa no ha cogido por sorpresa a ERC. Los republicanos daban por seguro que Carles Puigdemont usaría todas las armas a su alcance para evitar el pacto y forzar la repetición electoral.
De hecho, el partido que todavía gobierna la Generalitat considera que el boicot de los neoconvergentes -que el martes se puso de manifiesto al tumbar en el Congreso la senda de déficit, frenando así los Presupuestos Generales del Estado- no ha hecho más que empezar y que se intensificará en las próximas jornadas.
El líder moral de Junts pronunciará el sábado una conferencia desde el sur de Francia en la que ratificará su intención de regresar a Cataluña coincidiendo con el primer pleno de investidura que se celebre. Tal y como señalaron fuentes implicadas en los preparativos del retorno del ex president a EL MUNDO, la intención no es otra que "reventar" la investidura de Illa en caso de que acabe fructificando la negociación con ERC. ¿Podrían los republicanos ungir al socialista mientras Puigdemont se aproxima al Parlament envuelto en una gran manifestación, como planea? Y, es más, ¿se atreverían a hacerlo si es detenido antes de ingresar en la Cámara o si los Mossos esperan a que finalice la sesión parlamentaria para arrestarlo, ante la oposición del presidente Josep Rull de permitir la detención en sus dominios?
"Junts intenta sacar la cabeza y dinamitar cualquier acuerdo, pero todos estamos vacunados", señalaban ayer a este diario fuentes de ERC para reivindicar su capacidad de abstraerse del "ruido" generado por los herederos de Convergència. Los republicanos y el PSOE se conjuraron ayer para proteger las negociaciones para la investidura de Illa de las amenazas de Puigdemont. Lo hicieron durante la reunión que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo con el de la Generalitat, Pere Aragonès, y también durante la que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, mantuvo en paralelo con la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, según fuentes conocedoras de los contactos.
En ERC valoran el gesto realizado por Sánchez sólo unas horas después de que Puigdemont pusiera en peligro la continuidad de la legislatura y anticipase al presidente del Gobierno lo que le espera si colma las aspiraciones de los republicanos para convertir a Illa en el próximo presidente de la Generalitat. "Una Generalitat presidida por el mismo partido que incumple con Cataluña allanaría el camino del desastre", alertó públicamente el fugado a Sánchez para conminarle a no investir al líder del PSC.
Sánchez y Aragonès escenificaron el enésimo cumplimiento de un acuerdo pendiente, en este caso presidiendo el traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), para seguir alfombrando el acuerdo. Pero el jefe del Ejecutivo catalán le advirtió, de nuevo, que tendrá que moverse y comprometerse con "la soberanía fiscal" de Cataluña si quiere que Illa lo releve como president. Es "imprescindible", le trasladó Aragonès, quien, además, urgió a Sánchez garantizar la pronta ejecución de la quita de 15.000 millones de deuda que ERC pactó con el PSOE a cambio de su investidura el pasado mes de noviembre, el último gran compromiso que a los socialistas les queda por cumplir.
La obsesión de la secretaria general de los republicanos, Marta Rovira, es poder presentar a sus bases una propuesta lo suficientemente convincente para que la validen en la consulta vinculante que el partido pretende organizar durante la primera semana de agosto, si hay acuerdo.
Según fuentes de la negociación, el PSC insiste en la idea de la creación de un consorcio tributario mixto con representación del Estado y la Generalitat previsto en el Estatut, pero añade un elemento para tratar de seducir a ERC: que el ente esté siempre presidido por un cargo designado por la Administración catalana, en lugar de que la presidencia sea rotatoria, de modo que, de facto, la Generalitat tenga la "llave de la caja" que tan insistentemente reclaman los republicanos. A esa oferta añade una modificación del principio de ordinalidad [el equilibrio entre lo que las Comunidades aportan y reciben] que resitúe a Cataluña para corregir el "déficit fiscal" que denuncia el nacionalismo catalán.
Rovira rechazó explícitamente este consorcio tributario el pasado lunes y volvió a hacerlo ayer, pero los socialistas mantienen que es la forma más viable de salvar el pacto, porque sólo implicaría desarrollar artículos del Estatut ya validados por el Tribunal Constitucional, evitando una modificación legal que Junts tumbaría con total seguridad en el Congreso, como ya ha avisado.
Hoy, a menos de una semana para que el preacuerdo tenga que estar cerrado, según la frontera temporal delineada por ERC, el sector crítico de los republicanos, aglutinado en el denominado Col·lectiu Primer d'Octubre, organiza una asamblea para reclamar la renovación total de la dirección del partido y hacer campaña en contra del acuerdo con el PSC y a favor de la vuelta a las urnas.
La misma facción de ERC, más activa que numerosa, ya promulgó el rechazo al ingreso de los republicanos en el Gobierno del socialista Jaume Collboni en el Ayuntamiento de Barcelona, y la movilización de las bases obligó a la dirección del partido a aplazar sin nueva fecha la consulta.
El PSC teme, desde que arrancó la negociación con ERC, que la cúpula del partido independentista -dividida tras la marcha de Oriol Junqueras- no sea capaz de convencer a sus cuadros de que secunden el eventual acuerdo de investidura. Mucho ha empeorado la situación de la formación desde el pasado noviembre, cuando sus bases avalaron con un apoyo del 89% el acuerdo alcanzado con el PSOE para investir a Sánchez.