«Quiero darle un consejo que no tiene obligación de seguir. Con nosotros, no tiente la suerte porque no le servirá (...) ¿Me puede confirmar si está dispuesto a cumplir los puntos del acuerdo y ratificar las 1486 palabras del acuerdo? Ninguna es casual, ninguna sobra. Ustedes no han dejado de ser aquel partido que abrazó con entusiasmo la aplicación del 155». Estas fueron las palabras con las que la líder de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, dio la bienvenida a Pedro Sánchez en el debate de investidura.
Un amenazante discurso con el que el partido de Carles Puigdemont abrió la legislatura y anticipó su chantaje permanente al Gobierno del PSOE y Sumar, ejecutado en votaciones tan sensibles como la aprobación in extremis de los decretos anticrisis a cambio de importantes cesiones; el primer revés a la Ley de Amnistía, o la retirada obligada de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este 2024 tras los avisos de Junts y el adelanto electoral en Cataluña.
El botín más jugoso en el plano económico y social lo arrancó Junts a principios de enero, apenas dos meses después de la investidura de Sánchez. Tras varios días de negociaciones y reproches cruzados en el Congreso, el partido de Puigdemont dio su brazo a torcer y posibilitó a través de una abstención que salieran adelante dos decretos leyes claves para el Gobierno, el escudo anticrisis y el Ómnibus, del que dependían 10.000 millones de euros de los fondos europeos. Eso sí, lo hizo a cambio de que el Gobierno se comprometiera a ceder a Cataluña las competencias en inmigración y la publicación de las balanzas fiscales, la antesala de la llamada «financiación singular» que ahora exige ERC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat.
Otra de las cesiones que obtuvo Junts en esa negociación in extremis, la primera de la legislatura, la saldó el Gobierno hace apenas unos días: eliminó el artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil que confirmaba la paralización de la aplicación de una norma, la amnistía en este caso, si se presentaba una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE.
De hecho, el revés más importante de Junts ha sido el rechazo a la Ley de Amnistía, la gran exigencia de Puigdemont y su entorno para dar sus siete votos a Sánchez en la investidura. Después de que el PSOE y Sumar lograran el «sí» de Esquerra, Junts no dudó en culminar su amenaza y tumbó el texto por no blindar lo suficiente los delitos de terrorismo y traición vinculados al procés. Ante el estupor del propio Oriol Junqueras, presente en el hemiciclo ese día a la espera del «sí» definitivo, Junts rechazó el texto y lo devolvió a la Comisión de Justicia.
Una vez allí, los neoconvergentes prosiguieron con su chantaje y no cerraron el acuerdo hasta un mes y medio después (principios de marzo), con un redactado a medida que pasó por el filtro directo del propio Puigdemont.
En el plano estratégico, Junts también lanzó un serio aviso al Gobierno de Sánchez con las sucesivas advertencias de Nogueras sobre los primeros Presupuestos a negociar con Junts, los de este 2024. La contrapartida que exigían los neoconvergentes era un modelo de financiación a la carta para Cataluña, un chantaje que Sánchez se ahorró en un primer momento al verse obligado a retirar el proyecto y a prorrogar las cuentas para este año dada la inestabilidad política en Cataluña y la convocatoria anticipada de elecciones.
Junts también suma reveses en otras cuestiones de calado para el Gobierno del PSOE y Sumar. Uno de los más destacados por su magnitud mediática fue el caso Koldo: la oposición ganó la votación al sacar adelante una moción del PP exigiendo al Gobierno la depuración de responsabilidades y reclamando más auditorías y más documentación sobre contratos en pandemia, La iniciativa salió adelante porque ERC y Junts optaron por la abstención y abandonaron el frente del «no» que lideraban PSOE y Sumar.
Prácticamente lo mismo ocurrió con la reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la muerte de dos guardias civiles en el puerto de Barbate (Cádiz) al ser arrollados por una narcolancha. La medida, promovida por el PP y apoyada por Vox, salió adelante al abstenerse Podemos y Junts, dos socios habituales del Gobierno de coalición.
Algo parecido sucedió con la Ley del Suelo, que el Gobierno de Sánchez se vio obligado a retirar después de que ERC y Junts presentasen sus propias enmiendas y se negaran a dar marcha atrás al veto a la norma del Ejecutivo.
Una serie de golpes que Junts no ha dudado en propinar al Gobierno hasta ayer mismo, con el rechazo de la senda de déficit, el paso previo para la aprobación de los Presupuestos del año que viene; o su «no» claro y diáfano a la reforma de la Ley de Extranjería. De hecho, el consejero del Govern de la Generalitat, Carles Campuzano -un ex dirigente neoconvergente- ya anticipó el rechazo del independentismo al descolgarse del acuerdo con el resto de comunidades autónomas para el reparto de menores migrantes en la reciente reunión de Tenerife.