El Gobienro vasco y el empresario José Antonio Jainaga ya son propietarios del 30% de la empresa ferroviaria Talgo y asumirán en las próximas semanas el control de la empresa. El denominado 'consorcio vasco' impulsado por el PNV con el dueño de Sidenor como 'socio industrial' ha cerrado hoy oficialmente la compra de la participación que tenía el fondo Trilantic. Como acordaron el pasado 14 de febrero, las instituciones vascas pagarán 4,25 euros por cada acción aunque su precio en Bolsa es de 2,71 euros. La SEPI también su suma a la operación de control de Talgo por las instituciones vascas con la aportación de 75 millones en un crédito participativo.
El grupo siderúrgico Sidenor -propiedad de Jainaga- más el Gobierno vasco y las fundaciones bancarias BBK y Vital ya son los dueños del 29,7% de Talgo después de 9 meses de incertidumbre. El 'consorcio vasco' firmó el 14 de febrero un preacuerdo con Trilantic para adquirir este 30% y todo apuntaba entonces a que la firma definitiva se formalizaría "en dos o tres semanas", como auguró el lehendakari Imanol Pradales.
Sin embargo, después de este preacuerdo las negociaciones para que las instituciones vascas con Jainaga como 'socio industrial' se complicaron. El empresario vasco solicitó un mayor respaldo financiero para revitalizar Talgo con una deuda de 400 millones soportada por un 'pool' bancario. Las instituciones vascas más Kutxabank se comprometieron a aportar otros 75 millones de euros en un préstamo financiero que se completa con otros 75 millones aportados por la SEPI que también entrará en el accionariado de Talgo. La participación del Gobierno de España en la operación forma parte de los compromisos adquiridos por Pedro Sánchez con el PNV y ha sido pilotada por su ministro de Transportes Óscar Puente.
La firma definitiva de la compra quedó aún más comprometida cuando se hizo público que Jainaga junto a dos directivos están siendo investigados por la presunta venta ilegal de 1.200 toneladas de acero a una empresa militar israelí desde 2024 hasta el pasado mes de junio. Jainaga y sus dos colaboradores están citados a declarar ante la Audiencia Nacional el próximo miércoles 12 de noviembre por delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio por la venta, sin autorización, de partidas de acero a la compañía Israel Military Industries.