El ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska advirtió en un auto redactado como juez de la Audiencia Nacional que "España sigue siendo la Potencia Administradora del Territorio" y tiene la obligación de "dar protección, incluso jurisdiccional, a sus ciudadanos contra todo abuso". El criterio del entonces juez y ahora ministro sobre el papel de España co el Sáhara choca con la decisión adoptada por el Ministerio del Interior que ha ordenado la devolución a Marruecos de un ciudadano saharaui que permanece desde hace 10 días en la sala de 'inadmitidos' del aeropuerto de Loiu (Bilbao). "Mamdadme a cualquier otro país que no sea Marruecos", ha solicitado el joven de 20 años a los responsables del Zehar Errefuxiatuekin mientras espera un último pronunciamiento de la Audiencia Nacional.
El dictamen de la OAR no admite recurso y provocará el regreso del solicitante a Marraquech, la ciudad de la que partió en un vuelo de la compañía Volatea. Las autoridades policiales de Loiu detectaron que irregularidades en la documentación del citado ciudadano marroquí cuando ya había desembarcado en Bilbao. Durante los últimos 10 días, el pasajero ha alegado que es un ciudadano del Sáhara y solicitado ser aceptado como refugiado.
La respuesta del Gobierno de España deniega esta condición y ya ha ordenado a la Policía Nacional que embarque al solicitante en el vuelo que partirá mañana de Bilbao con destino a Marruecos a las 7.00 horas de la mañana. Sin embargo, el presidente de Zehar Errefuxiatuekin Javier Galparsoro ha anunciado la presentación de un recurso ante la Audiencia Nacional que incluye entre las medidas cautelarísimas la suspensión del traslado del joven que permanece en las instalaciones del aeropuerto de Loiu. Galparsoro ha asegurado que conoce un caso similar de otro joven saharaui que fue llegó al aeropuerto de Tenerife, fue devuelto a Marruecos y lleva 10 años encarcelado.
Cuando Marlaska era juez de este tribunal dictó un auto en el que se establecía que España debía respetar los artículos 73 y 74 de la Carta de las Naciones Unidas y suscribía el criterio de la Fiscalía de que era 'de facto' la "potencia administradora" del Sáhara Occidental hasta que no concluya su proceso de descolonización.