La posibilidad de que Juan Carlos I regrese a España vuelve a colocar a la Corona ante un dilema institucional. La desclasificación de documentos del 23-F ha servido a Alberto Núñez Feijóo para reclamar una reconciliación con quien desempeñó un papel determinante en la recuperación y defensa de la democracia en España y solicitar su retorno desde su residencia en Abu Dabi, donde se instaló en 2020 tras el escándalo de sus ingresos. Desde allí, el Rey padre se autorreivindica: «Al final van a reconocer lo que hice. Voy a acabar ganando», recoge en exclusiva LOC.
La dimensión histórica de Juan Carlos I está muy por encima de los errores de su última etapa, que acabaron por empujarlo fuera del foco público. Su contribución a la Transición, al anclaje europeo de España y a la neutralización del golpe del 81 forma parte del patrimonio común de los españoles. Y esa verdad, que algunos socios del Gobierno de Pedro Sánchez han querido erosionar por interés ideológico, no depende de ninguna operación coyuntural. Más aún: la continuidad de Felipe VI con ese legado es patente. El actual Rey no es una figura abandonada a su suerte, sino el titular de una monarquía parlamentaria que se ha regenerado imponiendo un listón de ejemplaridad que constituye hoy una de las mayores fuentes de legitimidad de la institución.
Por eso, la eventual decisión de Juan Carlos I de regresar de manera estable no puede plantearse como un acto de reparación automática ni como un gesto utilizable por la oposición o por Moncloa. Cualquier paso debe responder a un criterio: preservar el bien superior que encarna la Jefatura del Estado. En ese sentido, la condición señalada desde Zarzuela es lógica e ineludible: si el rey Juan Carlos vive en España, debe tributar en España. No hay normalidad posible mientras su residencia fiscal permanezca en un emirato lejano, porque esa anomalía alimenta la sospecha y ofrece munición a quienes buscan desacreditar la democracia del 78 a través del descrédito del Rey padre.
Conviene recordar, además, que la desclasificación no altera sustancialmente lo que la historiografía ya había fijado. Más relevante que el archivo documental es el recordatorio de que la democracia española se construyó sobre la cultura del acuerdo y sobre instituciones que no deben ser arrastradas al barro. Ese es el límite exigible. Y así se pudo comprobar en los recientes actos de conmemoración del cincuentenario de la monarquía y de la longevidad de la Constitución.
La restitución narrativa exige ante todo responsabilidad por parte del propio Juan Carlos. El primero que debe estar a la altura de su legado es él. Ello implica discreción, renuncia a la vanidad y aceptación plena del marco de transparencia que rige para la Casa del Rey. La institución por encima de todo, como él mismo hizo en los mejores años de su reinado. España no tiene una pena de destierro, pero tampoco puede permitirse que el regreso del Emérito reabra las tensiones aplacadas por el esfuerzo de Felipe VI.